El proyecto de formulación de cargos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, por parte de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral por violación de topes electorales, sigue generando réplicas jurídicas y políticas.
El 3 de mayo pasado, la defensa del presidente solicitó oficialmente a la Comisión de Acusación de la Cámara que pida el traslado de la investigación del primer mandatario porque el CNE no tendría las competencias para adelantar un proceso en contra del jefe de Estado.
SEMANA conoció que lo más probable es que los tres congresistas (Wilmer Correa, del partido de La U, y Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico), quienes adelantan la investigación a Petro en la Comisión, acepten este jueves 16 de mayo.
Uribe, quien más conoce jurídicamente el proceso de los tres representantes a la Cámara –y el más cercano a Petro– presidirá una conferencia de prensa en la que hará importantes anuncios.
Aunque el abogado Mauricio Pava, quien defiende al presidente Petro, insiste que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias frente a Petro, al interior del CNE está claro que en el proyecto de formulación de cargos le “abrieron investigación a Gustavo Petro Urrego en calidad de candidato presidencial”.
Es decir, no lo investigan por razones cometidas durante su presidencia, sino en la contienda electoral.
El argumento principal que exponen desde el CNE es la Ley 996 de 2005, por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República.
En el artículo 19 habla de los responsables de la rendición de cuentas de la campaña y ahí se lee textualmente: “El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero o el auditor de las campañas será informada a la autoridad electoral”.
De hecho, el expresidente Juan Manuel Santos fue investigado por el Consejo Nacional Electoral tras el escándalo del ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña presidencial. Incluso, el nobel de paz asistió al tribunal administrativo y declaró ante los entonces magistrados, cosa que no ha ocurrido con Gustavo Petro porque no lo solicitaron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, los investigadores del caso. El proceso de Santos se archivó en el CNE por caducidad.
Si la Comisión de Acusaciones pide oficialmente que el Consejo Nacional Electoral se aparte y no investigue a Gustavo Petro, lo más probable es que la Corte Constitucional dirima el tema.
Eso generará un retraso en la investigación. Al menos, la defensa de Petro ganará tiempo porque la sala plena del Consejo Nacional Electoral no podrá empezar a debatir el proyecto de formulación de cargos hasta que no se conozca un concepto oficial del Corte Constitucional. Se tenía previsto que el 25 de mayo iniciaban las discusiones en el tribunal administrativo.
Tal y como avanzan las cosas, la defensa de Petro acudirá a las estrategias de dilatar y ganar tiempo porque la fecha de caducidad de la investigación en el Consejo Nacional Electoral vence el 25 de junio de 2025.
¿Lo logrará en un año? ¿Los magistrados del CNE no se dejarán amilanar y seguirán adelante? ¿Aprobarán o negarán el proyecto de formulación de cargos contra la campaña? ¿Refutarán las pruebas documentales y contables de la Dian y empresas privadas que confirman cómo la campaña se voló en más de 5.000 millones de pesos los topes establecidos por la ley? Las respuestas se conocerán en los próximos meses.