Al presidente Gustavo Petro se le agotó la paciencia con los integrantes del Clan del Golfo y suspendió el cese bilateral al fuego que estaba operando desde enero, según anunció este domingo 19 de marzo.

El mandatario anunció el 31 de diciembre de 2022 que iniciaba un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada.

Tenía como finalidad consolidar su política de ‘paz total’ y por eso le apostó a creer en estos grupos criminales para aliviar el conflicto en varias regiones del país. Sin embargo, el Clan del Golfo continúo con todo su accionar delincuencial y el mandatario se cansó de este grupo criminal.

“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley”, dijo el presidente Petro.

En su contundente mensaje, el presidente Gustavo Petro agregó: “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”.

La noticia generó todo tipo de reacciones en los diferentes sectores políticos del país, pues hubo voces a favor y críticas por las acciones pasadas del primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro ha dicho que le apostará a la paz de Colombia, pero que no permitirá que los grupos armados sigan delinquiendo. | Foto: Montaje Semana

La primera fue del exconcejal de la capital Hollman Morris, quien en su cuenta de Twitter publicó: “Presidente Gustavo Petro ordena de inmediato reactivar operaciones militares contra el Clan del Golfo en todo el territorio nacional. El doble discurso del Clan del Golfo y el aprovechamiento de la iniciativa de PAz total para no combatirlos se acabó”.

Otra vino de parte de la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda, quien dijo: “¡Yo apoyo al presidente Gustavo Petro en su decisión de reactivar las operaciones militares contra el Clan del Golfo!”.

Mientras tanto, el senador, y quien fue el jefe negociador en el proceso de paz con las Farc, Humberto de la Calle, manifestó: “Un revés en la situación de orden público con el Clan del Golfo. Pero hay que apoyar al presidente Gustavo Petro en su decisión de reactivar operaciones militares”.

De otra parte, una de las voces críticas vino por parte del exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien afirmó: “Nunca hubo cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo. El único que suspendió operaciones militares fue el Estado Colombiano, por orden de Petro. La mayor irresponsabilidad al dejar a la población civil indefensa durante tanto tiempo. Hoy vemos los desastrosos resultados”.

Por su lado, el excandidato a la Presidencia Enrique Gómez dijo: “Luego de meses del caos causado por los narcodelincuentes del Clan del Golfo debido a la complicidad de este desgobierno. ¿Debemos agradecerle a Petro que haga cumplir La Constitución? Está equivocado si piensa que un acto que es su obligación, ahora toque aplaudirlo. Cinismo 100%”.

El exministro de Defensa Diego Molano publicó: “El cese bilateral nunca existió. El Clan del Golfo nunca dejó de delinquir. Lo que hubo fue un cese en el deber del Estado de combatir la criminalidad ¡nunca debió ocurrir!”.

Explicó que se requiere paz responsable, que no decrete cese bilateral sin:

1. Condiciones previas de ubicación y monitoreo.

2. Protocolos claros para fuerza pública.

3. Liberar a menores reclutados.

4. Mecanismos de verificación.

5. Cese de actuar criminal.

“De otra forma es un riesgo”, puntualizó.

Así fue el estrepitoso fracaso del cese bilateral al fuego del presidente Gustavo Petro con narcos y criminales; nunca cumplieron lo que acordaron

Con la violenta arremetida en el Bajo Cauca por parte del Clan del Golfo, este domingo 19 de marzo de 2023 quedó demostrado que el presidente Gustavo Petro se precipitó, el 31 de diciembre del año pasado, con su propuesta de un cese bilateral al fuego con cinco organizaciones criminales: el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo y el grupo Sierra Nevada.

Uno de los camiones que fue incinerado en el Bajo Cauca. | Foto: Cortesía Autor Anónimo

Con los ataques del Clan del Golfo, a nadie en el país le cabía en la cabeza que el Gobierno Petro había pactado supuestamente un cese al fuego con esa organización narcotraficante.

La violación al acuerdo fue sistemática desde el primer día y quienes llevaron la peor parte fueron justamente las mismas comunidades que, según había dicho el presidente, le solicitaron al Gobierno pactar dicho cese.

En principio, ese acuerdo iba hasta el próximo 30 de junio, pero el propio presidente lo rompió este domingo 19 de marzo a raíz de todo lo ocurrido.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la Policía por parte del Clan del Golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, anunció Petro, en Twitter.

Aunque el mandatario no especificó a cuál ataque con fusil se refería, el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, denunció este domingo la “incineración de seis vehículos en la Troncal de Occidente, entre Valdivia y Caucasia, y el hostigamiento con fusil a unidades de la fuerza pública. ¿Protesta pacífica?”.

Detrás de esos violentos hechos en el Bajo Cauca, según la información de inteligencia militar, ha estado el Clan del Golfo.

Por eso, Petro tuvo que cambiar abruptamente de discurso este domingo. “He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, ordenó el mandatario.

Lo cierto es que el cese anunciado el 31 de diciembre fue precipitado, y sin nada a cambio. Esas organizaciones criminales no ofrecieron gestos de buena voluntad y desde hace semanas se venía alertando, por ejemplo, que el Clan del Golfo estaba incumpliendo lo pactado.

El pasado 9 de marzo, al emitir una alerta temprana, la Defensoría del Pueblo reportó amenazas por parte de ese grupo armado ilegal contra habitantes de La Esperanza, en Norte de Santander.

“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados cinco jóvenes que presuntamente estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, dijo en su momento el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El presidente Petro sabe que los narcos son expertos en colarse en los procesos de paz. El comisionado Danilo Rueda advirtió que el Gobierno no permitirá que el cartel de abogados y los narcos se salgan con la suya en la paz total.

Supuestamente, el cese bilateral al fuego acordado con el Gobierno exigía, según el comunicado de Presidencia, “suspender la afectación humanitaria de la población en general y, en particular, de las comunidades étnico-territoriales y campesinas”. Nada de eso se cumplió.

Un mes antes de la denuncia por lo que estaba sucediendo en Norte de Santander, la propia Defensoría, que tenía a su cargo la verificación del cese bilateral al fuego, había advertido a finales de febrero la ocurrencia de 24 ataques violentos contra la Fuerza Pública, registrados entre finales de enero y los primeros días de febrero. Habrían sido cometidos por las disidencias de las Farc, en el Cauca. Uno de los hechos fue un ataque contra una estación de Policía, en Corinto.