El presidente Gustavo Petro, a pesar de las críticas de sus seguidores, le apostó a conformar una coalición con los partidos tradicionales, ideológicamente lejanos a sus tesis, y cohesionados fundamentalmente a partir de la burocracia. Durante los primeros meses de su administración, la jugada le funcionó. Sin embargo, por cuenta de su agenda reformista, la coalición se empieza a resquebrajar.
Los cambios drásticos contemplados en las reformas a la salud, pensional y laboral son difíciles de digerir para los partidos. Las mesas de negociación tampoco surten efecto, lo que evidencia un Gobierno con pocas intenciones de llegar a un acuerdo que acerque a todas las posturas. En medio de la situación, los partidos tomaron la sartén por el mango y le dejaron claro al presidente que están dispuestos a hundir las reformas si no cede en sus pretensiones.
El Gobierno nada contra la corriente defendiendo la reforma a la salud, seriamente criticada desde todos los frentes políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios y profesionales del sector. Al ver que los partidos Liberal, Conservador y La U estaban dispuestos a hundir la iniciativa si no se cambia el énfasis de un aseguramiento exclusivamente público, el Gobierno instaló mesas de negociación que terminaron en nada.
El texto final no convenció a ninguno de los tres partidos y dejó al presidente con el proyecto virtualmente hundido y sin más remedio que ceder ante algunas de las pretensiones de estas colectividades. A pesar del panorama adverso, el Gobierno no se ha rendido y el viernes en la noche radicó la ponencia para primer debate, que incluye dos firmas de ponentes del Conservador y de La U. Si bien se trata de una adhesión individual, esto evidencia capacidad de maniobra si se negocia directamente con los parlamentarios.
El caos político generado con la reforma a la salud tiene impacto directo en otra de las apuestas clave del Gobierno Petro: la reforma laboral. Esta iniciativa también arranca su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara, en la que los congresistas se encuentran ocupados con la reforma a la salud. Los tiempos, por ahora, no dan.
A pesar de que ambos proyectos pueden ser discutidos en la próxima legislatura, el Gobierno le teme a este escenario, pues en el segundo semestre del año serán las elecciones regionales, época en la cual los congresistas piensan más en la campaña que en los proyectos.
Pero el mayor problema que tiene el Gobierno con este proyecto no son los tiempos, sino que se va a reeditar lo ocurrido con la reforma a la salud: los partidos Conservador, Liberal y La U no están contentos con el texto radicado y ya le notificaron al presidente que no lo apoyarán así como está.
Y para completar el déjà vu, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, le dijo a SEMANA que junto con los conservadores están “en proceso de una unión, así como se hizo con la reforma a la salud”.
En cuanto a la reforma pensional, otra de las apuestas centrales, el Gobierno ha tratado de manejar el tema con cautela. Se creó una mesa técnica con la Comisión Séptima del Senado de la República para estudiar la propuesta.
No obstante, la Casa de Nariño se enfrenta a un reto adicional, la presidenta de la Comisión Séptima del Senado es Norma Hurtado, del Partido de la U y muy cercana a Dilian Francisca Toro. Hurtado no solo tiene el poder de decidir cuándo agendar el debate, sino que es quien escoge a los ponentes de la iniciativa, una decisión crucial, pues un ponente puede agilizar o demorar la radicación del texto definitivo para la discusión.
Las otras apuestas
En la Comisión Primera del Senado se unieron opositores, independientes y oficialistas en contra de la reforma al Código Electoral. Varios senadores aseguran que se trata de una amenaza a la democracia y un posible “cheque en blanco” para el registrador Alexánder Vega, su promotor junto al Gobierno.
Existen varios artículos sensibles, como el que agrega más de 1.000 cargos regionales en la Registraduría a vísperas de la contienda electoral; y la posibilidad de que se cree un monopolio de la autenticación y un voto electrónico que no genera confianza entre los senadores.
Hasta el momento, ningún congresista se encuentra plenamente convencido del articulado, ni siquiera los del Pacto Histórico. Si bien existe un bloque de los partidos tradicionales que apoya el proyecto, el debate es lento por las voces disidentes.
Otra reforma en cuidados intensivos y con fuertes contradictores es el proyecto de humanización carcelaria. Entre los puntos polémicos se destacan la eliminación del delito de inasistencia alimentaria y aquellos asociados a la religión, se amplía el acceso a la prisión domiciliaria, establece permisos por horas y libertad condicional a personas que cometieron delitos más graves, se suavizan los castigos por los desmanes en la protesta social y se propone reducir la pena máxima de cárcel de 60 a 50 años.
El principal opositor del proyecto es el fiscal Francisco Barbosa, quien se viene reuniendo con las bancadas para explicar que existen artículos dañinos, incluso uno que “beneficia o legaliza el narcotráfico en Colombia”. Hasta los congresistas del Pacto Histórico tienen reparos y no están de acuerdo con el mensaje de urgencia. Además, SEMANA conoció que sienten que el Gobierno abandonó el proyecto, centrándose en las reformas sociales. Con los reparos de los partidos tradicionales, tal como están las cosas, el proyecto estaría a un voto de hundirse en comisiones primeras conjuntas.
La ley de sometimiento es la pieza faltante de la paz total para negociar con estructuras armadas organizadas que no poseen carácter político. Tal como en el proyecto de humanización carcelaria, el principal crítico es el fiscal Barbosa.
De acuerdo con el jefe del ente acusador, este proyecto propiciaría un “indulto masivo” de delincuentes que saldrían de las cárceles sin mayores requisitos. Además, argumenta que el proyecto también facilitaría el lavado de activos.
Uno de los puntos más polémicos es que si los criminales entregan sus bienes, tendrán derecho a conservar el 6 por ciento de los mismos, con un valor tope cercano a los 11.000 millones de pesos.
Si bien tiene mensaje de urgencia, el Gobierno tiene puestos sus ojos en otras reformas. Hasta ahora no existen consensos ni intención del Ejecutivo de acoger las críticas que vienen tanto de la oposición como de figuras cercanas, lo cual llevaría a su hundimiento.
En medio de los aprietos que vive el Gobierno con sus reformas, algunos congresistas han criticado el papel que ha desempeñado el ministro del Interior, Alfonso Prada. Aseguran que últimamente le han metido varios goles.
Por ejemplo, la semana pasada se dejó meter “un gol olímpico” durante el debate del Plan Nacional de Desarrollo. El Congreso eliminó el artículo que le daba recursos al recién aprobado Ministerio de la Igualdad. Es decir, una de las principales apuestas de Petro se quedó sin plata en las narices del Gobierno.
Y apenas un día después, el ministro tuvo que acudir a la Comisión Primera del Senado a pedir el retiro de la reforma política, pues en la Casa de Nariño no se dieron cuenta de que les habían metido al menos cuatro ‘micos’ que hacían inviable la iniciativa. “Hubo una novatada de nuestro Gobierno, el ministro del Interior debe asumir su responsabilidad”, apuntó Alexánder López, senador del Pacto Histórico.
Por ahora, la estrategia que se ha desplegado desde la Casa de Nariño es la de seguir buscando el consenso y ceder a muchos de los puntos que plantean los partidos. Es decir, por lo menos salvar algo.
Prueba de su empeño son los ponentes de los partidos Conservador y de La U que firmaron individualmente el texto para primer debate de la reforma a la salud, pese a que los directores de los partidos tienen listos mecanismos para evitar desórdenes en sus filas.
En medio de las agudas polémicas que despiertan las reformas, el errático manejo político que ha tenido el Gobierno, la cercanía de las elecciones regionales y el poco margen que le queda en el ámbito burocrático, el presidente Petro se jugará en las próximas semanas su legado. Sin reformas no hay cambio.