Este lunes, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, presentaron un protocolo para orientar a posibles víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual en el Congreso de la República. A su vez, busca contribuir a la prevención de este tipo de conductas.
Si bien este protocolo comenzó su construcción en septiembre de 2022, en cabeza de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se adelantó la puesta en marcha por las denuncias que hizo el exsenador Gustavo Bolívar en SEMANA sobre una presunta red de trata de personas y abuso sexual en el Congreso.
“Las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de abuso o acoso tendrán un mecanismo de denuncia segura y nosotros tenemos la obligación de denunciar esos casos, protegiendo, cuando ellas quieran, la identidad de la víctima, pero no guardando silencio frente al abuso”, dijo el senador Roy Barreras durante la presentación.
De acuerdo con el representante David Racero, se trata de una “ruta administrativa y política” para responder a los casos, que algunos se han hecho públicos.
Se trata de un protocolo inicial que contó con la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil en pro de los derechos de las mujeres. De acuerdo con el presidente de la Cámara, este documento está abierto a mejoras y posteriores aportes.
“No solo es un protocolo para mujeres congresistas, sino para todo aquel o aquella que trabaja y labora dentro del Congreso”, agregó.
Además, el parlamentario del Pacto Histórico recalcó que el foco del protocolo no está en los congresistas victimarios, sino en las víctimas: “Es un protocolo hecho para que el centro sea la mujer, posible víctima de un escenario de violencia, en todas sus manifestaciones machista y patriarcal, en donde la mediación principal es un ejercicio de poder sobre cualquier funcionaria, servidora o también externa dentro de las labores legislativas”.
Por su parte, la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, manifestó que el protocolo presentado es “un paso” para superar las violencias basadas en género que ocurren tanto en el ámbito privado como en lo público.
Además, detalló quiénes pueden hacer uso del mismo: “Senadores, senadoras, representantes a la Cámara, servidores públicos, contratistas, personal de la Policía y de seguridad, practicantes, pasantes y judicantes, y personal tercerizado como mujeres que trabajan en los servicios generales del Congreso de la República”.
En términos de prevención, la senadora detalló que se hará pedagogía sobre estos actos y que será obligatoria una inducción sobre el tema si se entra a trabajar en el Congreso de la República.
Incluso, el protocolo también incluye una cláusula en todos los contratos laborales en la que se comprometen a no incurrir en delitos sexuales en el marco del Congreso.
A su vez, existen medidas de “empoderamiento” para las personas denunciantes, con el fin de que existan espacios seguros para elevar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia.
Otro punto importante es la no revictimización para las mujeres que se encuentran en proceso de denuncia. “Lo primero es la confidencialidad, el manejo de la información y toda la ruta, que brinde empoderamiento y sentimiento de seguridad”, agregó Pizarro.
De acuerdo con el senador Roy Barreras, hasta el momento no tienen conocimiento de ningún caso de violencia sexual contra una trabajadora del Congreso de la República. “En el momento en el que llegue la primera denuncia, a los cinco segundos la Fiscalía la conocerá y nosotros la haremos pública”, sostuvo el presidente de la corporación.
“La denuncia no solo la puede hacer la víctima, sino también personas que en su entorno tengan información o que sepan que este tipo de situaciones se están presentando. El objetivo final es la denuncia penal y que hayan consecuencias, que existan condenas contra aquellos y aquellas que hayan incurrido en el delito”, concluyó la senadora Pizarro.