Laura Sarabia, exjefa de gabinete, alista su regreso al Gobierno tras haber salido en medio de un grave escándalo en junio de 2023. La próxima semana, el presidente Gustavo Petro la posesionará como directora de Prosperidad Social, uno de los puestos más atractivos del Estado por su apetitoso presupuesto burocrático.
Como se dice coloquialmente, Sarabia cayó parada porque hace unos meses abandonó la Casa de Nariño en medio de los atropellos cometidos contra Marelbys Meza, la exniñera de su hijo. La mujer fue sometida, presuntamente de manera ilegal, a una polémica prueba del polígrafo en los sótanos de un edificio ubicado al frente de la Presidencia con el objetivo de esclarecer el misterioso robo de un dinero en el apartamento de Sarabia.
La Fiscalía investiga qué grado de participación tuvo Sarabia tanto en el cuestionado polígrafo como en las posibles interceptaciones ilícitas a Marelbys y a algunos de sus allegados. También se busca establecer a cuánto ascendía realmente el dinero que se le extravió, a quién pertenecía y cuál era su origen, pues ha habido diferentes versiones en ese sentido.
El escándalo ha causado conmoción. El pasado 9 de junio, el coronel de la Policía Óscar Dávila, jefe de seguridad del Palacio de Nariño, se suicidó, según Medicina Legal. Dávila era protagonista de lo ocurrido y tenía información de primera mano.
Por eso, pocos entienden por qué el presidente Petro, contra viento y marea, se la jugó de nuevo por Sarabia. De hecho, la Fiscalía anunció el pasado 18 de agosto que la exfuncionaria será llamada a interrogatorio (la diligencia será el próximo 5 de septiembre).
Sarabia llega al Departamento de Prosperidad Social (DPS), una entidad con un presupuesto para este año de 10,3 billones de pesos, es decir, supera al de varias ciudades y al de 15 ministerios.
A la par con el escándalo judicial que afronta, también han surgido dudas sobre la idoneidad y la experiencia de Sarabia para asumir la dirección del DPS. La hoja de vida de la funcionaria confirma que solo tiene tres años de experiencia. Fue asesora política del Partido de la U entre 2017 y 2021, del exsenador Armando Benedetti y jefa de gabinete de la Presidencia. Asimismo, el conocimiento de base de Laura está enfocado en la comunicación política, y no en la misión del DPS, que apunta la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Sarabia no ha tenido una experiencia previa en gerencia y ejecución de recursos, y ahora tendrá la responsabilidad de coordinar un verdadero monstruo en el Estado.
El DPS tiene más recursos que el ICBF (9 billones), el Ministerio de Minas (6,7 billones), el Ministerio de las TIC (115.000 millones de pesos), el Ministerio de Vivienda (4,07 billones de pesos), el de Agricultura (1,77 billones) y el Ministerio del Interior (996.181 millones).
Por sus manos pasarán proyectos de infraestructura, de mejoramientos de vivienda, de seguridad alimentaria, de empleabilidad y emprendimiento y transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Además, obras, en coordinación entre la nación, las gobernaciones y las alcaldías.
En el caso de Susana Correa, exdirectora del DPS en el Gobierno de Iván Duque, alternó sus labores con la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020. Prosperidad Social asumió el grueso de la contratación para la reconstrucción del archipiélago.
Más allá de su falta de experiencia, Sarabia sorteará sus líos con la justicia. Inicialmente, la cita a interrogatorio con la Fiscalía estaba programada para el pasado 23 de agosto.
“En el desarrollo del proceso se ha recolectado evidencia física, material probatorio, se han realizado interrogatorios y recibido testimonios”, informó el ente acusador.
Sin embargo, Sarabia se excusó y pidió aplazamiento para el 5 de septiembre porque estaba en Estados Unidos en un conversatorio sobre la violencia política contra la mujer.
Con su designación como directora del DPS, Sarabia adquiere fuero constitucional y, en adelante, sus investigaciones pasarán a manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, en la oposición creen que el segundo capítulo de Sarabia en la Casa de Nariño es una estrategia jurídica de Petro para proteger a su funcionaria de confianza.
En la Corte Suprema de Justicia, el magistrado que asuma la investigación determinará si llama a declarar a Sarabia o toma otras decisiones. Hasta el momento, casi todas las declaraciones de funcionarios que han pasado por la Justicia y han entregado su versión sobre lo ocurrido frente al escándalo del polígrafo en la Casa de Nariño, coinciden en responsabilizar al fallecido coronel Dávila.
Sarabia también tiene que sortear a la Procuraduría de Margarita Cabello, que busca establecer responsabilidades disciplinarias frente a quién dio la orden de utilizar el polígrafo y los otros excesos que se cometieron contra la exniñera Marelbys Meza desde el palacio presidencial.
Si el organismo disciplinario falla, eventualmente, en contra de la directora del DPS, la papa caliente estallará y salpicará nuevamente al Gobierno Petro. La politóloga es una funcionaria escogida por el jefe de Estado y no la cobija el fallo de la Corte Interamericana, que ampara a los elegidos por el voto popular, con una revisión del fallo disciplinario por parte del Consejo de Estado.
Sarabia, además, dirigirá el DPS con el fantasma de lo que pueda ocurrir judicialmente con su esposo, Andrés Parra. Él no tiene fuero y seguirá bajo la lupa de la Fiscalía, que avanza en averiguaciones que lo relacionan directamente con la pérdida del millonario dinero en su apartamento. De hecho, SEMANA reveló el 9 de julio pasado que los movimientos financieros del abogado y algunas cifras no cuadran, según los investigadores.
Desde todos los frentes, Sarabia representa un riesgo para Petro y su Gobierno. Aun así, el presidente optó por ese camino.