En los últimos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha venido endureciendo su defensa a la reforma tributaria, iniciativa que ha recibido fuertes golpes por sectores políticos como el Partido Liberal, la tribuna para blindar el proyecto de ley escogido por el jefe de Estado ha sido su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, el mandatario colombiano publicó un mensaje en el que nuevamente defiende la tributaria, aclarando algunas dudas sobre el proyecto, señalando que los efectos se verán reflejados en patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos.

“¿Le han dicho que la reforma tributaria le gravará sus ingresos? le han mentido. Solo aplica para patrimonios superiores a 3.000 millones, pensiones superiores a 13 millones mensuales y altos ingresos”, trinó Petro.

En el mensaje que publicó el primer mandatario, compartió un video en el que se explica los verdaderos alcances de la reforma tributaria y para que sector está enfocado su recaudo el cual es superior a los 21 billones de pesos

“No se aumentará el IVA, así mismo si se gravarán los patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos, si tú patrimonio es menos de 3.000 millones de pesos no aplica, ¿y las pensiones?, si tu pensión es de más de 13 millones de pesos mensuales será gravada y si es de menos de 13 millones de pesos no se gravará”, dice la presentadora del video compartido por Petro.

Y también explicó: “No se gravarán los productos lácteos y lo más importante, esta reforma permitirá recaudar los recursos para hacer posibles los cambios que Colombia quiere, está es la reforma tributaria del gobierno del cambio”.

Crisis

No obstante, y sin haber cumplido sus primeros cien días en el poder, el presidente Gustavo Petro parece enfrentar la primera gran crisis en su coalición de gobierno, luego de que sectores de tres de los más importantes partidos políticos que lo apoyan le estén metiendo el freno a algunos puntos de dos de los proyectos de ley más importantes de su administración.

SEMANA estableció que varios congresistas de los partidos Liberal, Conservador y La U, los tres declarados de gobierno y aliados de Petro, están analizando con cabeza fría algunos puntos de la ley que prorroga y modifica la Ley 418 o de orden público y de la reforma tributaria.

La situación más crítica parece enfrentarla la ley de orden público, la cual se intentó debatir y votar sin éxito este miércoles en las plenarias de Senado y Cámara. Dos disposiciones que le darían al presidente de la República facultades sobre los señalados y condenados por delitos en el contexto de la protesta social fueron el detonante para que algunos sectores políticos comenzaran a manifestar sus dudas en esta iniciativa.

De acuerdo con la ponencia o texto que se pondrá a consideración de las plenarias de las dos corporaciones, el jefe de Estado podría indultar a los condenados por conductas cometidas en el contexto de una manifestación social.

Y la otra facultaría al mandatario de turno, en este caso el presidente Gustavo Petro, para designar como promotores de convivencia a quienes estén señalados de esta clase de acciones delictivas.

Congreso de la República | Foto: Congreso de la República

Estas propuestas han sido calificadas por diferentes sectores como un “salvavidas” para varias de las personas detenidas y procesadas por delitos que se habrían cometido en medio de las marchas de los últimos años, entre ellos lesiones personales y daño en bien público, entre otros.

Los primeros en salir a rechazar estas disposiciones fueron los congresistas del Partido de la U, varios de los cuales anunciaron que se opondrán a esas dos disposiciones y que las votarán en contra, a pesar de que el proyecto fue presentado por el Gobierno del cual se declararon aliados.

La misma posición existe en esa colectividad respecto de la reforma tributaria, en la cual, según lo supo esta revista, las mayorías de esta fuerza política se opondrán a gravar las pensiones y al tratamiento para las zonas francas que existen en el país, entre otros artículos. De hecho, este miércoles sacaron un listado de cinco puntos en los que pedirán revisión antes de la votación definitiva del proyecto de ley.