En medio de toda la expectativa que hay en el país por el avance de la política denominada ‘paz total’, congresistas siguen construyendo el texto de la ley de acogimiento que se presentará en los próximos días al Congreso de la República para que sea estudiado por los legisladores.
Sin embargo, la iniciativa generará una amplia discusión porque contemplaría, entre otras, una especie de amnistía para las bandas criminales que operan en el país.
El articulado contendrá las reglas de juego para que las organizaciones delincuenciales se entreguen a la justicia a cambio de algunos beneficios, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones para concretar ese acogimiento.
Fuentes del Congreso confirmaron a SEMANA que hay una propuesta sobre la mesa para que el articulado de la iniciativa contemple una amnistía para los integrantes de las bandas criminales que hagan parte de la línea de mando. Es decir, la medida aplicaría únicamente para los llamados de base y no para mandos medios o altos.
Según la propuesta que se está haciendo, estas personas no irían a la cárcel y serían beneficiados con la amnistía si el grupo completo se acoge a la justicia y si entregan información determinante para acabar con rutas de narcotráfico, por ejemplo.
Por ahora, la propuesta ha tenido acogida en los congresistas que están elaborando el articulado, pero el asunto será presentado al presidente Gustavo Petro para conocer su opinión y determinar si se incluye o no ese artículo.
Lo claro dentro de esta iniciativa es que las organizaciones que se vayan a acoger tendrán que tener una estructura definida y un control territorial para evitar que haya ‘colados’ en los beneficios de esta norma. Esto quiere decir que habrá una especie de blindaje para evitar que las pandillas o estructuras delincuenciales de las ciudades se metan en esta normativa.
En materia de penas, el articulado habla de implementar la figura de mixtas con sanciones entre cinco y ocho años de cárcel pero con la aplicación de medidas restaurativas para las víctimas, entrega de bienes y colaboración con la justicia.
Así mismo, quedará claro que no habrá zonas de despeje en el país, pero sí se podrán definir algunos puntos exactos donde se daría la dejación de armas.
Por esa razón, se contemplaría la implementación de una especie de prisiones comunitarias para aplicar la justicia restaurativa que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese sentido estos lugares servirían para construir tejido social ya que las víctimas podrían certificar que los victimarios están adelantando actos de restauración.
Asimismo, se quiere hacer uso de instituciones procesales como la aceptación consensuada de cargos, y la formulación escrita de la imputación.
También se está contemplando la propuesta que lanzó hace algunos días el presidente del Congreso, Roy Barreras, para que haya unos criterios de “elegibilidad” que se apliquen a los miembros de estas organizaciones.
Básicamente, según explicó el senador, esta propuesta implica que se deben establecer unas condiciones estrictas para que los integrantes de grupos criminales se acojan a la paz total.
“El criterio de elegibilidad significa que quienes sigan matando líderes sociales, ambientales y policiales a partir de la propuesta legal de beneficios por sometimiento no deberían ser elegibles para esos beneficios”, indicó Barreras.
Es decir que si, por ejemplo, luego de iniciarse el proceso, el Clan del Golfo sigue atentando contra la población civil, como lo ha venido haciendo, no podrá acogerse a la paz total.
Además, la discusión sobre si será ley de sometimiento o acogimiento continúa, pero la última figura está tomando más fuerza por las posturas que tienen los congresistas que están elaborando el articulado del proyecto.
En todo caso, este será un proceso complejo, pues los delincuentes del Clan del Golfo quieren un compromiso total de parte del gobierno Petro, al que le condicionarán una salida pacífica solo si suspende de manera total y definitiva las extradiciones. Entre los cabecillas, varios en la lista de pedidos en extradición, retumban las palabras de Petro cuando dijo que solo serían enviados a Estados Unidos hasta que cuenten la verdad. Ellos, por el contrario, solo dejarían las armas si cierran definitivamente las puertas de la extradición.