¿Es una obsesión? Es la pregunta que ronda hoy en los sectores políticos frente a la energía que le ha dedicado el gobierno del presidente Gustavo Petro al propósito de sacar de la cárcel a miembros de la primera línea que se encuentran detenidos, muchos de ellos acusados de graves delitos.
En las últimas horas, el presidente Petro, a pesar de las dudas jurídicas y el llamado de los jueces, firmó el decreto 2422, el pasado 9 de diciembre, que permitirá la liberación de integrantes de la primera línea que están en las cárceles del país, señalados de cargos por delitos que habrían cometido en medio del paro, bajo la figura de gestores de paz.
SEMANA conoció el decreto que establece la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el de Justicia, el de Defensa y el director del Dapre.
Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el decreto.
La comisión deberá reunirse de manera ordinaria por lo menos una vez trimestralmente y podrá hacerlo de forma extraordinaria por pedido de alguno de sus integrantes. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asistentes. La secretaría técnica de la comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Esta es hasta el momento la figura que le permitiría al gobierno actual lograr aquello en lo que parece estarse empecinando: sacar a los detenidos de la primera línea de la cárcel.
Desde que estaba en campaña, Petro había anunciado que iba a buscar la liberación de estos detenidos. En un video que circula en redes sociales, que corresponde a un acto de campaña del actual mandatario, una persona se acerca a Petro y le pide un saludo para “los muchachos de la primera línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad”, así como para sus madres y familias que sufren por la situación de sus seres queridos.
“Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos tan injustamente, simplemente, por manifestarse”, expresó Petro en ese momento.
Luego, el 19 de junio, durante su primer discurso como presidente electo, cuando apenas se habían cerrado las urnas de votación, el Jefe de Estado volvió a poner el tema sobre la mesa y le lanzó una controversial petición al fiscal general, Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.
Intento tras intento
El primer indicio de que Petro y su bancada iban en serio con su propósito de sacar de la cárcel a estos jóvenes detenidos se dio en medio de la discusión de la llamada ley de paz total, mediante un artículo que le daba facultades al Presidente para otorgar amnistías e indultos a miembros de esta organización. Sin embargo, la propuesta se hundió.
Apenas una semana después del hundimiento de esta propuesta, el gobierno Petro dio muestras de que no iba a dar el brazo a torcer en su cruzada. Así quedó en evidencia el 23 de octubre, cuando apareció un video en el que aparece el viceministro del Interior, Gustavo García, subido a una tanqueta conversando con cuatro jóvenes de la primera línea detenidos por altercados al orden público.
Luego de la conversación, García se baja de la tanqueta y los jóvenes de la primera línea se bajan junto a él luego de ser liberados. Esto fue tomado por algunos sectores como una mediación por la liberación de integrantes de esta organización.
Apenas dos días después, el Pacto Histórico abrió otro camino en busca de este mismo propósito. Senadores y representantes de esa fuerza política radicaron en el Congreso un proyecto con el que pretenden darle facultades al Gobierno nacional para que otorgue amnistías e indultos a los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos acusados de graves delitos.
Si bien esta vía es mucho más larga que el decreto que firmó Petro para convertir en gestores de paz a los detenidos, pues implica tramitar un proyecto en el Congreso, algo que puede tardar más de un año, también es el camino más seguro para los propósitos del Pacto Histórico, pues con una ley aprobada se eliminan las dudas jurídicas que existen frente al tema.
Además, contrario a la figura de los gestores de paz, que es provisional y luego de lo cual los detenidos tendrían que volver a resolver su situación jurídica, con el indulto y la amnistía ya queda resuelta la situación del detenido. Es una medida permanente.
El proyecto, según el texto conocido por SEMANA, tiene como objetivo “la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos y conexos con estos, con ocasión o en relación directa e indirecta con la protesta social en el marco del paro nacional”.
La iniciativa es clara en señalar que estos beneficios judiciales para los miembros de la primera línea y otros manifestantes solo comprenden a quienes fueron detenidos en actos relacionados con la protesta social “entre el primero de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021″.
Cuando se habla de indulto se hace referencia al perdón de las penas para personas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia que se encuentre en firme. Es decir, la persona podrá quedar en libertad al perdonarse la pena.
La otra medida que contempla el proyecto de ley es la amnistía para personas detenidas en el marco de las protestas. Este beneficio aplica para “personas investigadas o procesadas” por delitos cometidos durante las manifestaciones.
Este proyecto nació de una comisión accidental creada en el Congreso con el único propósito de buscar alternativas para excarcelar a miembros de la primera línea. Incluso, algunos de los congresistas que integran esta comisión han hecho visitas a las cárceles a hablar con estos detenidos.
Las reuniones de Bolívar
En la grabación, publicada por el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, el parlamentario del Pacto Histórico les pide a los jóvenes “cuidar las palabras” dada la controversia alrededor de la excarcelación de algunos integrantes.
El senador reitera que la reunión fue pública y mostró un nuevo video, donde el ministro Osuna presenta las conclusiones de la misma: “Ahora la derecha dice que fue clandestino para ambientar la no excarcelación de los jóvenes, muchos de ellos presos políticos, detenidos injustamente”.
En la nueva grabación, Osuna asegura que los jóvenes fueron convocados por Bolívar. “Luego de escuchar con toda calma y tranquilidad las inquietudes, hemos pedido un plazo de 15 días para darle respuesta a buena parte las inquietudes que nos manifestaron”.
Osuna también dice que se garantizará “acompañamiento psicosocial, jurídico y médico” para aquellos que están privados de la libertad, tanto en establecimiento penitenciario como en casa.
Bolívar también auspició el encuentro que tuvieron; a mediados de septiembre, el director de la Policía, Henry Sanabria, y miembros de la primera línea para hablar sobre los protocolos del Esmad.
De esta manera, queda claro que el decreto firmado por Petro en las últimas horas para sacar de la cárcel a estos detenidos no es una jugada ‘sacada del sombrero’. Es una de las principales cruzadas del Jefe de Estado. Una obsesión.