Las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tienen los puestos vacíos. El 30 de junio se vencieron los contratos de los cerca de 4.000 funcionarios contratados por prestación de servicios en esa entidad, quienes tenían contratos suscritos a seis meses, y muchos de ellos se quedaron esperando que les pagaran sus honorarios de ese mes y que les renovaran sus convenios.
Las demoras en los pagos tienen que ver con un remezón en la Subdirección Administrativa y Financiera promovido por el director, Juan Felipe Harman, porque en ese despacho solo se le prorrogó el contrato a 5 de los 23 contratistas que se encargaban de procesar las cuentas de cobro que mandaban los trabajadores de las unidades de gestión territorial y de la sede principal de Bogotá.
Esa situación fue advertida en un memorando interno con fecha del 18 de junio en el que la contadora, Heidy Velásquez, llamó la atención sobre el riesgo de un “colapso total” de la entidad por la incapacidad administrativa para procesar las cuentas de cobro de los empleados que mes a mes envían su informe de gestión para recibir su salario: sin funcionarios pagos, no hay quien trabaje, y sin personas en sus puestos no se cumplen los objetivos de la ANT.
Lo que fue una alerta se convirtió en una realidad. SEMANA habló con seis funcionarios y exfuncionarios que siguen esperando que les paguen sus honorarios de junio y pudo documentar otros 11 casos de personas que están esperando su pago, de los que solo uno de ellos pudo conseguir una prórroga en su contrato porque el resto se quedó sin trabajo.
Ellos son solo una muestra de las cientos de personas que están esperando que les consignen su dinero por las demoras administrativas en la ANT suscitadas por los cambios en la planta que promueve el mismo director, Juan Felipe Harman, por lo que hay cientos de excontratistas que hoy dicen sentirse en el aire.
Las estadísticas son claras: de los 4.000 contratistas que debería tener trabajando la ANT, hay 3.250 puestos ocupados y otros 750 que están vacantes de cuenta de las modificaciones del director.
Él mismo le dijo a SEMANA que ha dejado de renovar los contratos de 422 personas por lo que llama “bajo rendimiento” y en esas listas se fueron abogados e ingenieros expertos en asuntos de tierras, quienes llevaban litigios y estudiaban los catastros de los predios que está adquiriendo el Gobierno de Gustavo Petro para entregarlos a los campesinos a través de la reforma agraria.
“Lo que más nos preocupa es la falta de respuesta del director. Sacaron a funcionarios que sí sabían de temas técnicos, que trabajaban en el cumplimiento de metas, quienes llevaban mucho tiempo en la entidad y conocían del funcionamiento de los procesos”, señala Sindy Torres desde la Asociación de Trabajadores Independientes (ATI).
El memorando al que tuvo acceso SEMANA señaló que la entidad se estaba quedando sin el 75% del personal, pero Harman calificó esa información como “mentira”, pese a que salió desde un documento interno de la ANT.
“El informe que me da el subgerente financiero es que el 90 por ciento de las cuentas están pagadas o en trámite de giro. La nota de la contadora es de varias semanas atrás, todos los procesos administrativos avanzan”, respondió el director. Este medio le pidió un documento que certificara esa información y al momento del cierre de este artículo no lo había compartido.
Otro de los exfuncionarios que habló con SEMANA aseguró que “todas las cuentas de cobro están totalmente paradas. Son personas que han venido ejecutando sus contratos a las que les retienen los pagos y les anulan las cuentas”. En la Dirección de Acceso a Tierras, una de las dependencias con más fondos de la entidad, no le renovaron el contrato a cerca de 170 personas y a esos roles están llegando profesionales que Harman lleva a Bogotá desde el Meta, quienes serían aliados políticos del director.
Cuentan, incluso, que cuando el exdirector Gerardo Vega estaba en la dirección no hubo tanta estigmatización con los funcionarios que venían de la dirección anterior, un tono que cambió en la era Harman. “Él tiene un trato como si viniera de un gobierno diferente, como si los que llegamos con Vega no fuéramos de su confianza“, comentó otra persona a la que tampoco le renovaron su acuerdo laboral.
Es habitual que los contratos de la ANT se proyecten a seis meses, pero en la administración Vega les habían dicho a los funcionarios que el primer semestre de 2024 sería el último que tendrían bajo ese formato porque estaban buscando incorporarlos a la planta oficial de la Agencia, proceso que se congeló con la llegada de Harman, en febrero. De hecho, en el sector público es normal que los contratos que inician en enero tengan un año de duración y la promesa para esos trabajadores era mejorar sus condiciones laborales para equipararlas con las de otras entidades del sector.
“Cuando llega Harman sentimos una discriminación como si lo de antes no sirviera, aislaron a los equipos entre las personas de antes y quienes eran los de confianza de Harman”, señaló otro funcionario que dio su testimonio con la promesa de no publicar su nombre porque teme que no le paguen el salario que le deben de junio.
Cuotas políticas en la ANT
Mientras los técnicos se fueron de la ANT, llegaron las cuotas políticas a cargos burocráticos nuevos en calidad de asesores regionales que se asignan a cada parte del país pese a que cada unidad de gestión territorial tiene un director.
Patricia Caicedo, la excandidata a la Alcaldía de Santa Marta por Fuerza Ciudadana y hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tiene un contrato de asesoría con la Agencia por 94 millones de pesos a seis meses, lo que le significa ingresos por 15 millones de pesos mensuales.
A Guillermo Torres, el exalcalde de Turbaco conocido como el cantante de las Farc, quien en sus tiempos de militante utilizaba el alias de Julián Conrado, también le dieron un contrato por 27 millones de pesos por un periodo de siete meses para apoyar la gestión de la Dirección General. Desde entonces, el político, que pasó a la historia por ser el primer exfarc en ganar una elección, se dedica a publicar en sus redes sociales información sobre la ANT.
El exalcalde de Santa Rosa de Cabal José Rodrigo Toro Montes tiene un contrato por 28 millones de pesos por un periodo de seis meses que tiene el mismo objeto de prestar asesoría al despacho de Harman. Él ha sido cercano al congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez, pertenece a ese mismo partido (el mismo en el que ha militado el director de la ANT) y en sus redes sociales se identifica como asesor de la ANT.
De esos contratos, el de mayor cuantía es el de Patricia Caicedo quien ha hecho su carrera en asuntos políticos en el partido familiar, Fuerza Ciudadana, y no en temas de tierras. Lo que responde Harman sobre esa repartición de burocracia a políticos sin experiencia en el sector es que “asegurar que no han trabajado en tierras es absolutamente irresponsable. Todos están trabajando acorde a su perfil y conforme a su formación está su remuneración”. En la lista de cuotas políticas de la entidad también está la asesoría de la militante del Pacto Histórico Alexandra Pineda.
Lo particular es que antes de su administración los asesores con salarios más altos devengaban hasta 12 millones de pesos mensuales por topes que había acordado la dirección que le antecedió, pero los montos de los contratos cambiaron con su llegada a la dirección general.
Esta semana Juan Felipe Harman tuvo que sortear una de las mayores crisis de su gestión con el arribo de campesinos a la sede principal de la entidad, quienes acamparon en las instalaciones exigiendo que les cumplan con la promesa de la reforma agraria.
La respuesta de la ANT fue mover el despacho para la sede alterna, ubicada en Chapinero, hasta que los cultivadores se fueron de las oficinas con una nueva promesa de que podrán acceder a las fincas que les han entregado en eventos protocolarios. El malestar del campesinado con la gestión de Harman quedó latente.