El gobierno del presidente Gustavo Petro le madrugó al proyecto de humanización penitenciaria que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó en la pasada legislatura al Congreso, pero que no fue agendado para estudio en las comisiones por falta tiempo y porque las reformas a la salud, laboral y pensional terminaron copando la atención de los parlamentarios.
SEMANA conoció que el ministro Osuna radicó ante el Comité de Política Criminal dicho documento, una instancia conformada por la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y otros organismos judiciales que, de entrada, le darán el visto bueno para, posteriormente, ser radicado en el Congreso después del 20 de julio, cuando se inicia el segundo año legislativo.
En el nuevo texto, el gobierno sostiene algunas de las propuestas iniciales del proyecto, entre ellas, la disminución de la pena máxima carcelaria en eventos de concurso -varias condenas- de 60 años a 50. Y la disminución de la pena máxima de los tipos penales de 50 a 40 años.
El nuevo proyecto tiene propuestas polémicas. Por ejemplo, según un documento conocido por SEMANA, el gobierno propone “eliminar el artículo 103A del Código Penal que habla de las circunstancias de agravación punitiva cuando el homicidio recae en un niño, niña o adolescente”. El tema, sin duda, resultará controvertido apenas llegue al Congreso.
También elimina el Artículo 15 del Código Penal. Al menos, cambia por completo el capítulo 9 que habla de los delitos contra el sometimiento religioso y el respeto a los difuntos. Lo mismo que sus cuatro artículos, entre ellos, el 201 que habla de la violación a la libertad religiosa; el Artículo 202, que se refiere al impedimento y perturbación de ceremonias religiosas; el Artículo 203, que menciona los daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto y el Artículo 204 que puntualiza en el irrespeto a los cadáveres.
Actualmente, esas prácticas se tipifican en un delito, pero el gobierno, en su nueva propuesta, pretende sacarlas del Código Penal.
El nuevo proyecto toca el Artículo 398A que dice que “quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y una multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El gobierno quiete quitarle la expresión “disciplinaria y fiscal”.
El proyecto- tal como ocurrió con la primera iniciativa- busca clasificar en cuatro niveles los centros de reclusión para las personas privadas de la libertad.
Lo mismo que la disminución del número máximo de horas que se pueden computar por día de trabajo de 8 horas a 6 horas en un centro carcelario.
De acuerdo con el nuevo texto, el Artículo 82, que habla de la redención de la pena por trabajo, quedaría textualmente: “A las personas detenidas y a las personas condenadas se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de seis horas diarias de trabajo”.
Contempla la modificación de los días permitidos para realizar actividades que permitan la redención de la pena, permitiendo que dichas actividades se puedan llevar a cabo todos los días, incluso, domingos y festivos, cuando antes los domingos y festivos no estaban permitidos.
Modifica uno de los requisitos para obtener el permiso hasta por 72 horas, el cual actualmente habla de haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. La propuesta habla de “haber descontado un 25% de la pena impuesta”.
Por último, la nueva Ley de Humanización reviste al presidente Gustavo Petro de facultades extraordinarias por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley para suprimir, fusionar, modificar y/o determinar la estructura, organización y funciones de las entidades adscritas al Ministerio de Justicia y del Derecho que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
El tema promete ser candente en el Congreso después de la entrante semana.