Lo que encontró la Comisión de Petro sobre la contratación en Bogotá

Las denuncias hechas por el ex candidato presidencial Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux han derivado en una tensión política que amenaza con la ruptura irreparable del Polo. La relación de los hermanos Samuel (Alcalde de Bogotá) e Iván (senador) Moreno con contratistas ha generado un escándalo en el que el oportunismo político, de todos los flancos, está a la orden del día. Sin embargo, el detalle de las denuncias hechas por Petro y los investigadores ha pasado a un segundo plano. Pero no por ello dejan de ser importantes. En un informe detallado, Petro, De Roux y Avellaneda hicieron una relación entre las empresas contratistas del Distrito, los montos de sus contratos y las posibles irregularidades encontradas. Los resultados de la investigación fueron presentados en una clasificación de cinco categorías correspondientes a las principales secretarías del Distrito así: servicios públicos, alcantarillado y aseo, integración social, salud, hábitat, y movilidad. En la investigación participaron cerca de diez personas, casi todas mujeres, que tuvieron que acudir a derechos de petición, comparar las cifras, meter las estadísticas en bases de datos, revisar las actas de constitución de consorcios y empresas, identificar las tendencias de la contratación, revisar la literatura existente sobre qué es corrupción y cómo se identifica, entre otras tareas. El grupo de investigadores se denominó Comisión de Seguimiento a la Contratación del Distrito. “La tarea fue titánica”, recuerda Amanda Granados, una de las investigadoras que colaboraron en la investigación. La primera tarea consistió en pedir a cada una de las secretarías del Distrito el informe detallado de sus contratos: valores, objetos, fechas, y en el caso de las uniones temporales y consorcios, los nombres. “Los hospitales, así como algunas entidades, no entregaron la información de la contratación”, dijo a Semana.com la Comisión. El hecho los obligó a acudir a un sistema de información que lleva la Contraloría General, que se llama el Sivicof. Ese sistema obliga a las entidades públicas a reportar detalladamente sus contratos mensualmente. Pero al Sidicof no todas las entidades reportan el monto de los contratos en su totalidad. ¿La razón? Muchos contratos se hacen bajo la modalidad de vigencias futuras, consistentes en compromisos que el Distrito hace con las empresas contratistas que se cumplen con el paso del tiempo. Entonces, varias entidades, según la Comisión, reportaron sólo el monto de la vigencia cumplida. Por esta razón, además de revisar el Sivicof, los investigadores tuvieron que comparar los contratos contenidos en ese sistema con los que reportaron las distintas secretarías, con el objetivo de determinar los montos totales. Otra de las tareas fue revisar los contratos reportados en la página oficial de la contratación de la Alcaldía, un sistema que comenzó en la era de Antanas Mockus que busca que la contratación del Distrito sea transparente. Sin embargo, a menos de que una persona conozca los detalles de un contrato, no puede acceder a él. Investigar la corrupción no es fácil. Cada vez, como lo anota el profesor Luis Jorge Garay en su investigación 'La reconfiguración cooptada del Estado: más allá de la concepción tradicional de la captura del Estado', la corrupción es más sofisticada y por ende, más difícil de identificar. ¿Qué encontraron? Además de la dificultad de acceder a la información, la Comisión descubrió unas tendencias que llamaron su atención. El primer hallazgo llevó a la conclusión de que la tradición en la contratación pública del Distrito había cambiado notablemente. Es así, por ejemplo, como en la Secretaría de Integración Social descubrió que empresas relacionadas con los hermanos Efraín (senador) y Édgar (concejal) Torrado García, del Partido de La U, han celebrado contratos por 161.130 millones de pesos. “Las operaciones aludidas corresponden al 28 por ciento de la contratación de la secretaría”, dice el informe preliminar. Más de la mitad del monto de esos contratos (96.000 millones de pesos) corresponden a “vigencias futuras”. Uno de los “indicios” del favoritismo, según constató la Comisión, fue el hecho de que en la administración de Lucho Garzón esas empresas sólo contrataron por 15.353 millones de pesos con el Distrito. Ese incremento es de más del 1.000 por ciento. Según indicó la investigación, “Efraín Torrado es amigo de Iván Moreno”. El “Grupo Torrado” está integrado por empresas que figuran como cooperativas. Estas son: Cooprosperar, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones e Internacional de Negocios S. A. Otro de los cambios más bruscos en la tendencia de la contratación fue la entrega de contratos de interventoría por 24.000 millones de pesos a la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD). En la administración anterior, el porcentaje de contratos asignados a esa universidad fue del 1 por ciento de los contratos con centros de educación superior, mientras que en los contratos con la Universidad Nacional representaron el 52 por ciento. “Bajo Moreno, la participación de la UNAD en la contratación saltó al 34 por ciento, y la de la Nacional cayó al 19 por ciento”, reza el informe. El concepto de estos contratos es la supervisión de los servicios de alimentación y nutrición del Distrito, conocidos como comedores comunitarios. Debido a la delicada tarea, es entendible que la participación de la Nacional fuese importante años atrás, pues cuenta con laboratorios, grupos de investigación y programas de medicina, entre otros. No obstante, la UNAD, una universidad que principalmente ofrece servicios a distancia, aumentó su participación en ese sector. La Comisión denunció días atrás que la Universidad se negó a entregar información detallada de cómo se ejecutan esos contratos, quiénes son los profesores e investigadores que hacen las interventorías. Según indicó el concejal De Roux días atrás, la UNAD dijo que entregar esos datos con tanto detalle era muy difícil. La UNAD “no dispone de los recursos físicos, económicos y humanos para adelantar tal gestión”, respondió la entidad en una comunicación. El hecho sorprendió a los investigadores, más cuando en la hoja de vida de Samuel Moreno se encontró con que gracias a su intervención en el Senado “fortaleció las leyes que aumentaron los programas de la UNAD”. El informe de los investigadores también registra que la modalidad de contratación en el Distrito cambió. La asignación de contratos por la vía de la licitación decreció en la Secretaría de Integración Social del 51,8 por ciento en la administración Garzón al 13,5 por ciento en la administración Moreno. El hecho no deja de preocupar, pues la contratación por vía licitación, que requiere del concurso de varias empresas y de la publicidad del proceso, significa, en parte, un mínimo de transparencia. La adjudicación de contratos directa se presta para el favoritismo, con el cual no hay garantías de eficacia y eficiencia. Las concesiones de la movilidad La comisión identificó los cinco más grandes contratistas de la infraestructura del Distrito. Ellos son: Conalvías, los hermanos Solarte, Odinsa, el grupo de Julio Gómez y Emilio Tapia y SAINC. S. A. Esos grupos, según la investigación “tenían contratos a dedo, es decir, sin licitación, bajo esta administración (de obras de la fase I de valorización)”. Llama la atención que dentro de los contratos Julio Gómez aparece como beneficiario no sólo de contratos por infraestructura, sino también en contratos de “atención especializada a poblaciones vulnerables”. Los contratos en los que Gómez aparece vinculado con la Secretaría de Integración suman cerca de 6.700 millones pesos en los años 2008 y 2009. Es el caso del consorcio Por un Mañana Mejor, Fundación Funalcer, entre otras. Su objeto reza: “Atención especializada a niños y jóvenes de 6 a 18 años en condiciones de alta vulnerabilidad, con autismo y discapacidad cognitiva”. Gómez ha explicado que él tiene el derecho a tener los negocios que él quiera, incluso si se trata de fundaciones. Sin embargo, el auge de la contratación con fundaciones y organizaciones sociales despierta suspicacias en los investigadores, que ven en la creación de esas figuras posibles intentos de cooptación de las rentas del Estado. El informe señala que Gómez aparecía, con los Nule, en el consorcio El Distrito Sur, que tuvo que ceder el contrato a otro consorcio por incumplimiento. “Sin embargo, el IDU, permitió que Julio Gómez siguiera en el consorcio cesionario”. Además, “el 19 por ciento de los contratos celebrados por el IDU en el 2009 (según su valor) le fue adjudicado a empresas vinculadas a Julio Gómez y a Emilio Tapia”. Esos contratos pactaron anticipos del 40 por ciento, “cuando lo normal en obras civiles es el 25 por ciento”, indicó el informe. Gómez y Tapia fueron mencionados en la que se considera la prueba reina de lo que los medios han llamado el “cartel de la contratación”. Se trata de una grabación en la que el ex representante Germán Olano, del Partido Liberal, “le estaría explicando a Nule (Miguel) la molestia del Contralor por el incumplimiento del pago de una suma de dinero" (en razón de coimas por la adjudicación de contratos), dijo Caracol Radio en su portal de Internet, cuando dio a conocer la comunicación. En la transcripción de los apartes de la conversación, Olano parece dispuesto a darle parte de su comisión al contralor Miguel Ángel Moralesrussi: "Yo fui y le hablé al contralor de eso y le dije: 'Tranquilo, coja el 50 por ciento de lo que yo iba a recibir', yo le dije: 'Yo no necesito sino pa' mi campaña, entonces, eran 2.200 millones. Yo me mamo mil 100, la misma cifra que ya he manejado y yo te entrego a ti el otro 50 por ciento'". Además, Olano menciona a “Iván”, al 'Turco', a “Emilio” y a “Julio”. Nule, al otro lado de la línea, pregunta: “Si Iván los tiene abiertos, ¿por qué nombran a ese man en el IDU?” Responde Olano: “Sí, es una pregunta que me han hecho. Porque Emilio se le metió a Iván… Es que hubo una coincidencia. Emilio es el que tiene un nexo con Iván en Estados Unidos con un personaje. Es que hay un relevo, Julio queda es allá colgado, es a Emilio. Y la figura que me expresan a mí es ésta: Que aquí está un Emilio, que acá atrás está un Julio y que por encima de ellos dos hay un turco, ¿sí? Y que por eso llega ese HP allá"... Alejandro Botero, quien fue subcontratista de Gómez, presentó una denuncia en la Fiscalía, a finales de marzo, en la que identificó a los personajes mencionados en la conversación, de lo cual hay registros en varios medios de comunicación. Según el informe de la Comisión, la mención de esos nombres corresponde a “una especie de escalafón de la contratación de Bogotá”. Y agrega que Botero le dijo a la Comisión: que oyó "varias veces a personas del entorno de Gómez y Tapia referirse a Iván Moreno como cercano a estos empresarios”. Por la grabación ya hay abiertas varias investigaciones en la Fiscalía. Además, dice el informe en uno de sus apartes: “La Unidad de Rehabilitación de la Malla Vial local ha celebrado contratos por 160.000 millones desde el 2008. Tres contratistas manejan el 75 por ciento: Conalvías (27 por ciento), Pavimentos Colombia (25 por ciento) e ICEIN (23 por ciento). La Unidad es manejada por el Partido de La U. Los alcaldes locales vienen recibiendo propuestas para que los recursos destinados a vías locales en vigencia del 2010 se manejen como adiciones al contrato de Pavimentos Colombia”. Estos son algunos de los hallazgos de la Comisión de investigación. Sin embargo, en los sectores de hábitat, en servicios públicos y salud, también encontraron incrementos en la subcontratación, lo que, en su criterio, aumenta las oportunidades para la corrupción. La Comisión anuncióque publicará el informe completo, que contiene cuadros estadísticos y más detalles de cómo ha sido la contratación en Bogotá, en los próximos días.