Altas fuentes del Gobierno nacional dieron a conocer a SEMANA que en la mesa central y definitiva que intenta instalar con organizaciones armadas al margen de la ley, en las “negociaciones políticas de paz”, no habrá por el momento presencia de militares.
Situación que deja claro el panorama sobre los integrantes que tendrá el gobierno del Pacto Histórico como negociadores, por ejemplo, en el caso de que los diálogos se reactiven con la guerrilla del ELN, grupo subversivo que por ahora tendría condición de negociación política con el Gobierno nacional del Pacto Histórico; aunque militares estarían en las mesas técnicas previas.
Los nombres de los negociadores de paz del Gobierno Petro se conocerán en los próximos días, en el marco de las intenciones que tiene, para que el ELN entre a la ‘paz total’, de acuerdo con una comunicación entre los integrantes de ese grupo criminal e integrantes del ejecutivo en Venezuela, las mesas se instalarán en este mes de noviembre.
Por ahora, no se tiene una definición clara sobre la sede de los diálogos de paz con el ELN, si permanece en la Habana (Cuba) o, por el contrario, se traslade. El propio presidente Petro abrió la posibilidad de cambios en el país en el que avance con las conversaciones.
No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había señalado que los militares activos deberían estar en las negociaciones con estructuras criminales.
“Los militares, por su propia condición, por su propia responsabilidad en contribuir a la solución del conflicto, generando seguridad y enfrentando a las organizaciones de esta naturaleza, creo que tienen un conocimiento importante, un conocimiento sobre el accionar de las organizaciones que eventualmente estarían en esas mesas de conversaciones, tienen conocimiento sobre cómo poder lograr que los acuerdos sean efectivos y duraderos”, dijo en su momento.
A renglón seguido, indicó el funcionario que la última palabra la tendrá el presidente Gustavo Petro. “Será él el que diga cuáles podrían ser los integrantes de la fuerza pública en esas conversaciones, ya en el pasado hubo presencia también de militares en el proceso con las Farc, de manera que no es algo inusual o extraordinario”, añadió Velásquez.
El mandatario colombiano ha insistido en varias declaraciones que Cuba sufrió de un ataque diplomático por parte del gobierno anterior del expresidente Iván Duque, que trajo como consecuencia que la isla integre los países promotores del terrorismo.
El gobierno Duque, en un agudo discurso, había asegurado que desde la isla los jefes negociadores del ELN continuaban coordinando y ejecutando acciones terroristas en contra de la población colombiana, prueba de ello, según la anterior administración, fue el atentado terrorista que se perpetró en la Escuela de la Policía General Santander.
El atentado
Por el carro bomba en la escuela, 22 cadetes de la Policía Nacional perdieron la vida por el atentado terrorista que perpetró la guerrilla del ELN en 2019; las investigaciones apuntaron en su momento a señalar que la persona que estaba manejando el vehículo fue identificado como José Aldemar Rojas, alias El Mocho, integrante del ELN.
También figuran dentro del expediente Andrés Felipe Oviedo Espinel, conocido como Jesús, el cual de acuerdo con las autoridades, fue a quien se le impartieron directrices para planificar a detalle el carro bomba en la escuela General Santander.
El ELN cometió uno de los hechos más sangrientos que ha vivido en la historia reciente de la capital del país. Cuando apenas habían pasado 17 días del año 2019, un pelotón de 22 cadetes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert de la Escuela General Santander, que se preparaban para ser oficiales de la Policía Nacional, fueron sorprendidos por una fuerte explosión y en cuestión de segundos un gigantesco hongo de fuego los consumió.
Ley de ‘paz total’
El viernes 4 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley de paz total, con la cual le da facultades necesarias a su gobierno para que negocie, entre otros, con el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y ahora comandante de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez.
El mandatario colombiano firmó la ley en la hacienda Hato Grande, en el marco de la Asamblea General de Gobierno ampliada, en la cual revisó a profundidad los temas que se deben priorizar de cara al cumplimiento de los primeros 100 días de gobierno del Pacto Histórico.
Cabe recordar, que las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron esta semana el informe de conciliación del proyecto que modifica y prorroga la Ley de Orden Público, con el cual se otorgan las herramientas para los diálogos que ha planteado el presidente Gustavo Petro con los grupos armados ilegales.
Como informó SEMANA, el proyecto, en esencia, entrega facultades al presidente para adelantar diálogos, en búsqueda de lo que él ha llamado la paz total, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, indica la norma.
¿Con qué grupos se pueden entablar diálogos de paz?
Además de las facultades para que el Gobierno pueda adelantar negociaciones con los armados grupos ilegales, la iniciativa abre la puerta a la posibilidad de volver a negociar con personas que formaron parte de otros procesos de paz y no cumplieron con sus compromisos.
La controversia está contenida en el artículo 5 del proyecto, en el que no se hace mención explícita a la posibilidad de renegociar con disidentes, pero tampoco se cierra esa puerta.
En dicho artículo se indica que los representantes autorizados por el presidente de la República podrán realizar “todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho”.
En el fondo, uno de los principales reclamos de quienes no están de acuerdo con esa medida es que el Estado podrá volver a sentarse a negociar con Iván Márquez y los integrantes de la Segunda Marquetalia.
Sobre ese aspecto puntual, el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió: “Queda habilitada la posibilidad de comenzar un proceso de diálogo, será el comisionado de Paz el que defina las condiciones en que se negociará con cada uno de los actores”.