El fiscal general, Francisco Barbosa, se fue lanza en ristre este miércoles contra el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gustavo Petro con el que se busca la “humanización del sistema penitenciario”.
El proyecto, con el que se busca humanizar la política criminal y penitenciaria, ha generado controversia en el país por varios de los puntos propuestos, como el que elimina el delito de incesto, el que quita la cárcel por inasistencia alimentaria y el que permitiría que quienes cometan delitos de lesa humanidad puedan tener casa por cárcel.
No obstante, el fiscal Barbosa destapó una nueva ‘perla’ en el texto de la iniciativa: se estaría suspendiendo la ejecución de la pena contra grandes narcotraficantes.
“Al país no se le puede hacer trampa, hay que jugar de frente. En el artículo 8 se establece un beneficio de suspensión de ejecución de penas a todos aquellos pequeños cultivadores y yo en ese estoy de acuerdo, no tengo problema con eso, pero no podemos tolerar es que nos digan que se va a beneficiar narcotraficantes de otro nivel conforme a las disposiciones que involucraron en la redacción”, apuntó Barbosa durante una audiencia pública en el Congreso.
El fiscal fue enfático en decirle al país “nos metieron un parágrafo en el que básicamente se suspende la ejecución de la pena contra narcotraficantes”.
Según explicó el jefe del ente acusador, este artículo lo que permite es que se meta en el mismo saco a pequeños cultivadores de coca junto a los grandes narcotraficantes y a quienes proveen los insumos para este negocio criminal.
Barbosa le hizo un llamado al Congreso para que rechace este artículo y le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, pues algunos de sus funcionarios “le están diciendo mentiras”.
“He venido desde hace un mes y medio planteándose al país una serie de temas. Cada vez que voy a hablar con el presidente me dice fiscal, yo no sabía, porque no tengo interés en beneficiar a narcotraficantes y yo le creo al presidente. Así negamos esas órdenes de captura y ese levantamiento de órdenes de captura con fines de extradición, pero le están diciendo mentiras al presidente”, puntualizó Barbosa.
“El proyecto permite la salida de la cárcel de quienes dan los insumos para el narcotráfico, justamente a quienes el presidente ha dicho que hay que atacar, le están echando cuentos y mentiras al presidente”, agregó el fiscal.
Con anterioridad, el fiscal general advirtió de la inconveniencia jurídica de eliminar del catálogo de delitos el incesto o la injuria, incluso, se le vio muy molesto cuando se advirtió, por parte de la Procuraduría, que el proyecto de humanización de las penas incluye beneficios como la casa por cárcel a condenados por delitos de lesa humanidad.
El fiscal Barbosa aseguró que le resultaba indignante imaginar que personas procesadas por delitos de lesa humanidad estuvieran purgando sus penas en la casa y cómodos, mientras las víctimas tienen que cargar el peso de sus crímenes.
“Es repugnante, absolutamente repugnante, que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción, si no, ¿cuál es el mensaje que se le está enviando a este país?”, dijo el fiscal.
De forma particular, el fiscal dijo que si el Gobierno plantea o insiste en una propuesta semejante, le gustaría verle la cara al funcionario encargado de discutir y argumentar ese “adefesio”, bien sea en el Congreso o en el escenario de análisis correspondiente.
El proyecto del Gobierno Petro, que sustenta el ministro de Justicia Néstor Osuna, causó polémica en varios sectores que lo ven como un atrevimiento en contra de las víctimas. Justamente el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, y en el marco de la audiencia pública, advirtió los beneficios en este sentido.
“Nos preocupa, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra, y esto puede llegar a reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”, dijo Sarmiento.