La Presidencia de la República expidió el decreto en el cual reconoce a los integrantes de las disidencias de las Farc para el mecanismo de verificación del proceso de paz que reanudará con esa organización criminal, en el marco de la política del mandatario Gustavo Petro de la ‘paz total’.
Se trata de un grupo de personas identificadas como Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, a quienes la Fiscalía, atendiendo la solicitud del presidente Petro, suspendió las órdenes de captura que pesaban en su contra.
“El Gobierno nacional recibió una comunicación presentada por delegados autorizados del Estado Mayor Central de las Farc-EP por medio de la cual la organización identifica a unas personas que actualmente son pertenecientes al Estado Mayor Central de las Farc-EP para que sean reconocidas como sus miembros representantes durante un periodo de tiempo determinado para avanzar en los propósitos de las negociaciones de paz”, dice el decreto.
También se desprende del documento: “En ese orden de ideas, el Gobierno nacional, bajo los postulados constitucionales y legales de la buena fe y de la confianza legítima de que trata el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, les reconocerá como miembros representantes”.
Hace varios días, por medio de un comunicado firmado desde el Caquetá, se confirmó lo que era un secreto a voces: que las disidencias del temido Iván Mordisco se sentarían a la mesa con el Gobierno. El texto está firmado por la Comisión de Diálogo de las Farc-EP y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
“El Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP anuncian que han llegado a un acuerdo para instalar una Mesa de Diálogos de Paz”, comienza el documento.
En el comunicado también se establece que el proceso comienza con una fase preliminar a la que asistirán el Gobierno Petro y la Iglesia católica. Allí se plantearán las primeras discusiones sobre cómo deben darse el diálogo, la participación de la sociedad civil y el eventual cese al fuego que se acuerde.
“Las partes reiteran la firme intención de avanzar hacia la construcción de un acuerdo de paz que ponga fin a la confrontación armada y que propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”, sostiene el comunicado. Además, aseguran que muy pronto se sabrán los nombres de las delegaciones de ambas partes.
Desde el primero de enero, en Colombia ha comenzado el proceso de cese al fuego bilateral entre grupos armados y el Gobierno nacional. Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado los protocolos específicos para establecer el mecanismo de monitoreo y verificación.
En relación con este tema, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, había ya afirmado que la Iglesia inició un proceso de trabajo para encargarse del monitoreo de las facciones disidentes de las Farc.
De acuerdo con Rueda, la Iglesia católica comenzó un proceso en la Comisión que hará el monitoreo con las disidencias al mando de Iván Mordisco. “La Iglesia ha empezado un proceso de trabajo en la Comisión de Verificación del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc, su rol como testigos o acompañantes de la construcción de paz”, señaló.
A su vez, el funcionario confirmó: “Estos encuentros han contado con el acompañamiento de la Iglesia católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, MAP, OEA, delegados de la embajada de Noruega y la ONU, en estas reuniones se lograron dos acuerdos”.
Por su parte, el padre Eliécer Soto, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, destacó que “en estas sesiones se ha acordado retomar el proceso de acercamiento a la mesa de diálogos entre ambas partes, con una fase preliminar en la que se establecerán las condiciones para el desarrollo de dicha mesa y los mecanismos de participación. También se acordó retomar el proceso de cese al fuego, ajustando los mecanismos de verificación y profundizando en la comprensión de las normas y protocolos”.
Gobierno había suspendido el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco en cuatro departamentos
Conviene destacar que en el mes de mayo, el Gobierno nacional decidió suspender de manera parcial el cese al fuego bilateral con la disidencia conocida como el Estado Mayor Central de las Farc (EMC Farc), lo anterior debido a los ataques realizados por el grupo subversivo en contra de la población civil.
El presidente Gustavo Petro había tomado dicha decisión después del Consejo Extraordinario de Seguridad que se realizó al conocerse la masacre de cuatro menores de la comunidad indígena Murui, Putumayo, quienes fueron reclutados de manera forzosa por el EMC Farc y, posteriormente, asesinados.
El primer mandatario de la nación calificó la masacre como “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz”, y aseguró que no existe justificación para ese tipo de crímenes. “Después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 de 2022″, informó Gustavo Petro.
A su vez, se confirmó que los encargados del acercamiento con esa guerrilla convocaron a los delegados del EMC Farc, pero estos no asistieron. El Gobierno nacional había realizado un llamado para que los representantes de la estructura armada participaran en los diálogos de paz en diferentes departamentos donde continuará vigente el cese al fuego.
Es de recordar que la instalación de la mesa de conversaciones con esa organización armada fue suspendida en la primera fecha propuesta. Sin embargo, tras la nueva decisión, el Gobierno acelerará la fase de diálogos y anunció que presentará los nombres de la delegación.
La guerrilla hizo mención a incidentes de ataques contra civiles, como una emboscada en Arauca que atribuyó al ELN, y afirmó que ha habido acusaciones contra sus miembros que no han sido verificadas. También enfatizaron que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido enfrentamientos, extorsiones o ejecuciones, aunque no proporcionaron detalles sobre el homicidio de los cuatro jóvenes reclutados en Solano.