El Gobierno nacional radicó este martes, junto a representantes de los partidos de su coalición, la modificación a la Ley 418 o Ley de Orden Público, con la cual se otorgan las herramientas para hacer los diálogos que ha planteado el presidente de la República para lograr la llamada paz total.
“Esa Ley 418 la hemos sometido a una nueva redacción, no solamente se va a hacer como se hizo en años anteriores de prorrogar el término de las facultades que tiene el presidente, establecidas en la ley, sino que vamos a hacer casi que una nueva ley con toda una política de paz”, explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
La iniciativa, en esencia, entrega facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar diálogos con los grupos ilegales, en búsqueda de lo que él ha llamado la “paz total”, lo que implica establecimiento de zonas especiales para el agrupamiento de los miembros de estas organizaciones y el levantamiento de órdenes de captura.
“El Gobierno nacional, o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente”, indica la normal.
Y luego viene un asunto bastante polémico, pues se permite que en esas zonas se levanten las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición.
“En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”, indica la norma.
Igualmente, el texto permite que el presidente de la República pueda constituir las llamadas regiones de paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz.
“Se priorizará en su conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios categorizados como Zomac, comunidades de influencia o zonas vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las que haya ausencia o débil presencia del Estado”, expresa la norma.
Según le dijo a SEMANA el senador Iván Cepeda, se ha pensado en que serían nueve las zonas que se crearían.
Otro de los componentes de la norma es la modificación del servicio militar obligatorio para generar la posibilidad de que los jóvenes opten por el servicio social para la paz, que es una alternativa para que ellos se consagren en la construcción de paz y la implementación de los acuerdos.
Sin embargo, la eliminación del servicio militar obligatorio sería gradual, pero se abre la puerta para que los jóvenes tengan una opción, por ejemplo, de trabajos comunitarios.
El texto señala que el servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar, y podrá prestarse en las siguientes modalidades:
- Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
- Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
- Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
- Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
- Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Paz total
Lo que busca el presidente Gustavo Petro con esta propuesta de paz total es que haya un alto al fuego en todo el territorio nacional para que haya un espacio de combatir las economías ilegales que, en su mayoría, están centradas en la cocaína y la minería ilegal.
La apuesta del mandatario es llegar con inversión social a esas zonas donde históricamente hacen presencia diferentes estructuras criminales para que los habitantes tengan otra opción de vida, diferente a la de las economías ilegales.
Petro detalló que los actores armados están ligados a esas economías ilegales y que si no se detiene el fuego, pues sencillamente la violencia permanecerá en los territorios.
“Los grupos armados han enviado cartas al Gobierno diciendo que quieren la paz. Por ahora son cartas y papeles, pero demuestran el clima de diálogo y negociación. Ahora debemos pasar de las palabras a las acciones”, indicó el presidente Petro.