En medio de una polémica que se revivió a través de las redes sociales, en la cual aparece la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalando que el presidente Gustavo Petro dio un rotundo “no” al manejo por parte del ICBF de un centro de justicia para menores, el mandatario colombiano destapó su postura final.
Este martes 28 de noviembre, el presidente Petro encendió la polémica al asegurar que no está de acuerdo con que los menores de edad estén privados de la libertad, postura que generó varias reacciones de diferentes sectores políticos en el país.
“En mi opinión los niños no deberían estar presos”, posteó Petro.
El pasado 28 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que tras la reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro se presentaron varios desacuerdos. Uno de ellos fue que el mandatario le dijo que el ICBF no recibirá un complejo que ya está construido para ser usado como centro de justicia penal restaurativa para jóvenes.
“Nos ha notificado hoy el ICBF (que) con los impuestos de los bogotanos, en Bosa, en Campo Verde, se construyó un centro de justicia penal restaurativa para jóvenes, que tiene 200 cupos disponibles para jóvenes que delinquen; los jueces les imponen una medida privativa de la libertad y se cumplen en este tipo de establecimientos. El ICBF nos ha informado hoy que siguiendo la directriz de la política nacional no recibirá el complejo de justicia penal restaurativa de Campo Verde”, indicó la mandataria local en ese momento.
Según explicó López, el propósito del Gobierno Petro no es que los jóvenes estén privados de la libertad, sino que “haya procesos de reconciliación”.
La alcaldesa dijo que, aunque no comparte esa decisión, la asume. “Le he agradecido a la señora directora del ICBF porque Bogotá lleva un año con ese establecimiento terminado sin poderlo poner a funcionar porque depende de que el ICBF lo reciba”, afirmó López.
En todo caso, señaló que le agradece a la directora la franqueza y que deberá notificarlo por escrito para que la capital le pueda dar otro uso a esa obra.
Sobre ese caso, López aclaró que según la ley sí hay penas privativas de la libertad y que hay un sistema de resocialización efectiva del 96 %. “De manera tal que yo creo que era una cosa que valía la pena recibir y continuar, pero la política del Gobierno nacional es otra y por supuesto respetamos esa decisión”, insistió.
Otro de los desencuentros que en esa ocasión se presentaron con Petro fue sobre las transferencias monetarias. La mandataria local afirmó que el Gobierno no hará cambios en los subsidios en la capital. “Las transferencias monetarias no han sacado de la pobreza a tanta gente como quisiéramos, pero sin transferencias monetarias nacionales y locales hoy habría más de 350.000 personas pasando hambre y empobrecidas. Hay muchas más, desafortunadamente”, dijo López.
La Alcaldía había solicitado que se hiciera una modificación con las transferencias monetarias de la nación. “El señor presidente nos ha explicado que su política es distinta, nos ha explicado en qué consiste la política, nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias, sino empleo, crédito popular, conectividad popular, en eso no coincidimos, no habrá cambios en las políticas de transferencias monetarias para Bogotá desafortunadamente, asumimos la decisión. Mi propósito no es armar una polémica, en este punto tenemos un desacuerdo”, aseguró la alcaldesa de Bogotá.
En cambio, López dijo que otros temas en los que sí estuvieron de acuerdo fue en iniciativas de educación, jóvenes, maestros para los nuevos colegios de Bogotá, sedes universitarias, entre otros proyectos económicos que propuso el presidente Petro.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció que ante la fuerte inseguridad que se registra en la capital, todos los policías en labores administrativas deberán salir a las calles. El llamado se hizo tras el consejo de seguridad en el que estuvieron el mandatario local y la alcaldesa, donde se llegó a estas conclusiones.
“Tuvimos dos ejes, el eje de cómo aumentar en el corto plazo la fuerza policial en la ciudad de Bogotá, castigada porque, dado el conflicto violento de Colombia, pues buena parte del crecimiento del número de efectivos de la Policía fue llevado a zonas de violencia, a cubrir territorio que la Policía había abandonado hace bastante, en medio de la violencia”, dijo finalmente Petro en septiembre.