Tal como se había anunciado en las últimas horas, senadores y representantes del Pacto Histórico acaban de radicar en el Congreso un proyecto con el que pretenden dar facultades al Gobierno nacional para que otorgue amnistías e indultos a los miembros de la primera línea que se encuentran detenidos acusados de graves delitos.

La iniciativa, según el texto conocido por SEMANA, tiene como objetivo “la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos y conexos con estos, con ocasión o en relación directa e indirecta con la protesta social en el marco del paro nacional”.

El proyecto es claro en señalar que estos beneficios judiciales para los miembros de la primera línea y otros manifestantes solo comprenden a quienes fueron detenidos en actos relacionados con la protesta social “entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021″.

“Por una sola vez, el Gobierno nacional podrá conceder el beneficio de indulto a las personas que hayan sido condenadas por delitos políticos y conexos por hechos que se hayan dado con ocasión y/o en relación directa e indirecta con la protesta social”, señala la iniciativa.

Cuando se habla de indulto se hace referencia al perdón de las penas para personas que hayan sido condenadas en virtud de una sentencia que se encuentren en firme. Es decir, la persona podrá quedar en libertad al perdonarse la pena.

La otra medida que contempla la ley es la amnistía para personas detenidas en el marco de las protestas. Este beneficio aplica para “personas investigadas o procesadas” por delitos cometidos durante las manifestaciones.

Es decir, según el texto, tanto los condenados como los procesados e investigados podrán gozar de libertad una vez el Gobierno decrete la amnistía o el indulto según sea el caso.

El proyecto define que el Ministerio de Justicia otorgará el indulto o la amnistía previa solicitud del interesado y expedirá en un término perentorio de máximo dos meses contados desde la presentación de la solicitud un acto administrativo que acredite el beneficio.

“Una vez se acredite el indulto cesarán las penas impuestas a los beneficiarios”, señala el proyecto.

Las personas beneficiarias del indulto suscribirán un acta en la que se comprometen a efectuar actividades y prácticas restaurativas ante las secretarías de gobierno de los municipios o distritos respectivos, por un período mínimo de un año”, agrega el proyecto.

Cabe aclarar que, según la iniciativa, no podrán gozar ni de amnistía ni de indulto quienes estñen procesados por “secuestro u otra privación grave de la libertad,el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el de terrorismo, concierto para delinquir agravado y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.

Pero para estas personas que estén siendo investigadas por los delitos menciados ateriormente por hechos “que se hayan dado con ocasión o relación directa e indirecta con la protesta social en el marco del paro nacional desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021″ podrán pedir cumplir la pena en su residencia.

Cabe aclarar que, según sus autores, este proyecto solo estará vigente hasta el 31 de marzo de 2023, es decir que las amnistías e indultos tendrían que otorgarse antes de esa fecha.

El proyecto es de autoría de los senadores Gustavo Bolívar, Robertd Daza y Sandra Jaime, y los representantes Pedro Suárez Vacca, Andrés Cancimance, Alfredo Mondragón y Jorge Alberto Tejada.

“Insistimos en presentar este proyecto, teniendo en cuenta la necesidad de crear una política de paz en la que la protesta social no sea criminalizada y se tiendan puentes para la reconciliación”, manifestó el representante Suárez Vacca.

La radicación de este proyecto se dio tras la polémica generada por la inclusión de dos artículos en la llamada ley de paz total con la que se pretendía dar facultades al presidente de la República para otorgar indultos a miembros de la primera línea.

No se puede olvidar que el indulto a los miembros de la primera línea fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro.

En un video que circula en redes sociales, que corresponde a un acto de campaña del actual mandatario, una persona se acerca a Petro y le pide un saludo para “los muchachos de la primera línea de Boyacá que hoy están privados de la libertad”, así como para sus madres y familias que sufren por la situación de sus seres queridos.

“Toda la solidaridad, habrá un proceso de indulto para quienes han sido tan perseguidos tan injustamente, simplemente, por manifestarse”, expresó Petro en ese momento.

Este hecho lo confirmó el representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, quien explicó que uno de los compromisos de campaña del presidente Petro fue el de trabajar por la liberación de estos jóvenes y que, por ello, se iniciaron las labores para lograr dicho objetivo.

Tan es así que el propio Alirio Uribe, desde principios de agosto, lideró la proposición para crear una comisión accidental en el Congreso para buscar la liberación de los miembros de la primera línea.

Otro de los que confirmó que, efectivamente, esta fue una promesa de campaña fue el presidente del Congreso, Roy Barreras, ficha clave del Pacto Histórico.

“El Pacto Histórico, como fuerza política, ha tenido el compromiso desde la campaña de rescatar a quienes en la protesta social terminaron judicializados”, apuntó Barreras.

Es decir, este no es un hecho accidental, liberar a los miembros de la primera línea es una de las cruzadas del presidente Petro. Y lo dejó claro desde el mismo día que se proclamó presidente, el 19 de junio, cuando le lanzó una controversial petición al fiscal general, Francisco Barbosa: “Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes”.