Aunque varias voces cercanas al gobierno del presidente Gustavo Petro salieron a celebrar este martes los primeros puntos de acuerdo entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), varios interrogantes comenzaron a abrirse paso entre diferentes sectores políticos del país.
Este martes, desde Caracas (Venezuela), delegados del Gobierno, como el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y del ELN, como Antonio García y Pablo Beltrán, comandantes de esa organización insurgente, presentaron los primeros acuerdos a los que llegaron para el restablecimiento del proceso de paz.
Entre ellos están “retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016″ y “anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos desde la primera semana del mes de noviembre de 2022″.
Esto se traduce en que aproximadamente en un mes, Gobierno y ELN estarían sentados nuevamente en una mesa de negociaciones para retomar el proceso de paz iniciado en 2016 e interrumpido en enero de 2019, luego del ataque de esa organización armada a la Escuela de Policía General Santander y que produjo 22 muertos.
El anuncio de este martes está enmarcado en lo que el Gobierno nacional denomina la paz total y que busca el desarme de todas las organizaciones ilegales que subsisten en el país.
El paso dado con el ELN, sin embargo, dejó varias dudas y algunos grandes interrogantes que las dos partes están llamadas a responder. Especialmente tomando en cuenta que, como lo dijo el exjefe negociador con las Farc, Humberto de la Calle, los ‘elenos’ son la guerrilla con la que más procesos de paz fallidos hay en el país.
Uno de ellos es si se les aplicará el cese del fuego multilateral o bilateral del que han venido hablando sectores del Gobierno nacional. Este lunes, al ser interrogado sobre este tema, el comisionado Rueda dio una respuesta que dejó más dudas que certezas.
“Estamos en una fase de construcción de confianza. En su momento, según lo que se acuerde en el reinicio de la mesa de conversaciones, la sociedad colombiana y el mundo conocerán los avances y las decisiones esa materia”, afirmó el funcionario, con lo que dio a entender que no existe claridad en el manejo de este punto, absolutamente clave en el reinicio de un proceso de paz.
Otro interrogante es cómo funcionará el modelo de ir implementando los acuerdos en la medida en que se vayan alcanzando. Este esquema es diferente al que se aplicó con las Farc, con quienes se manejó la frase “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
En este sentido, Rueda reiteró que “cualquier cosa que se acuerde es entre las partes y lo que se va a acordando, se va cumpliendo”. Esto abre una pregunta: ¿qué pasará con los acuerdos parciales que se vayan logrando si, en un momento determinado del proceso de paz, una de las dos partes decide romper las negociaciones? ¿Esa parte seguirá cumpliendo ese acuerdo o lo pactado ya no tendrá vigencia?
Una tercera duda está relacionada con la participación de la comunidad en estas negociaciones, la cual fue refrendada este lunes por el funcionario. “El punto central de este diálogo es la participación de la sociedad colombiana. Con ella se construyen los cambios que Colombia necesita”, afirmó Rueda.
Lo que no parece claro, por el momento, es cómo se cristalizará esa “participación de la sociedad colombiana”, si se hará mediante foros en los que participen las organizaciones sociales interesadas en la construcción de este proceso de paz, o mediante consultas con diferentes sectores, como se hizo en las fallidas negociaciones del gobierno del expresidente Andrés Pastrana con las Farc, entre 1998 y 2022.
Un cuarto interrogante tiene que ver con el proyecto de ley que el Gobierno presentó en el Congreso y que prorroga y modifica algunos aspectos de la Ley 418 o de orden público. Según los señalaron funcionarios oficiales, esta iniciativa sentaría las bases para procesos de paz como el que se está reanudando con el ELN.
En este caso, lo que muchos se preguntan es por qué se anuncia una reanudación de negociaciones con esta guerrilla sin que al proyecto de ley se le haya dado ni siquiera un debate y no se sepa cuál será el camino que tomará la discusión y votación de esta iniciativa en el Capitolio.
Y más aún: ¿qué pasará si el proceso de paz con el ELN va avanzando y en el Congreso, en medio del trámite de este proyecto de ley, se aprueba algo que cambie las condiciones que el Gobierno nacional le debe haber dado a la guerrilla para avanzar?
Y un quinto interrogante radica en dos de las problemáticas más grandes que hay en el conflicto colombiano y que, por el momento, no parecen claras en este arranque de conversaciones entre el Gobierno y el ELN: la reparación a las víctimas y si la guerrilla aportará datos sobre las rutas del narcotráfico con el que, como lo dicen varios centros de investigación, está relacionada.
La existencia de estas –y otras– dudas les ha hecho pensar a varios sectores políticos en el país que, al parecer, hay muchos temas urgentes todavía por resolver por parte del Gobierno nacional y de la guerrilla del ELN para lograr la solidez necesaria que necesita un proceso de paz para ser exitoso. Y lo dicho este martes por las partes no dio respuestas sobre estos grandes interrogantes.