Lo que avanzaba como una manifestación pacífica de miembros de la ‘primera línea’ se convirtió, al llegar a la altura del búnker de la Fiscalía, en el escenario de un nuevo enfrentamiento entre miembros de esta organización y uniformados de la Policía.
Estos últimos tuvieron que utilizar gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para evitar que llegaran a la puerta de ingreso de la sede más importante de la Fiscalía en el país.
El personal de seguridad de la Fiscalía, desde hace más de un año, dispuso de unas vallas en los alrededores de la plazoleta del búnker para evitar que las manifestaciones que se hacen en este punto de la ciudad afecten el ingreso y la salida de funcionarios y usuarios de los servicios de la Fiscalía.
Ese fue justamente el problema que motivó un enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía que estaba dispuesta en este sitio con anticipación, para evitar justamente lo que ocurrió: que quienes hacían parte de la protesta intentaran ingresar al búnker.
El personal de seguridad en esta sede de la Fiscalía le contó a SEMANA la delicada situación que se vivió por cuenta del intento de llegar a las puertas del búnker.
Fue necesaria la intervención del Esmad –ahora Unidad de Diálogo– para evitar que los manifestantes llegaran a la puerta y se encontraran de frente con los funcionarios que, a esa hora, salen o entran de sus actividades diarias en el búnker. Los manifestantes se enfrentaron a la Policía y arrancó la revuelta.
Tras conocer estas imágenes, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal llamó a defender a la Fuerza Pública ante “la sed de caos” de la ‘primera línea’.
“El nivel de irrespeto y la sed de caos de la primera línea evidencia la pobreza en su espíritu. Quieren transgredir todo, violentar todo y nosotros, los ciudadanos de bien, debemos defender nuestro país respaldando a la Fuerza Pública”, apuntó la senadora del Centro Democrático.
Hasta el momento, ni la Policía ni los grupos que participaban de la protesta reportaron personas heridas o capturadas. Lo que se sabe es que la tensión continúa en este punto de la ciudad, pues la Policía mantiene la vigilancia y los manifestantes permanecen en este sitio, claramente disgustados por la intervención de las autoridades.
Recientemente, la polémica frente a la ‘primera línea’ se ha encendido nuevamente, debido a que desde el Gobierno nacional se les pretende brindar algún tipo de beneficio o indulto a quienes hayan pertenecido a dicho grupo organizado, y que hayan ejecutado desmanes y demás en diferentes momentos.
La semana pasada, algunos de sus miembros atacaron el vehículo asignado al director de la Policía, el general Henry Sanabria, en señal de protesta para exigir la liberación de algunos de sus miembros que están en la cárcel enfrentando cargos graves ante la justicia.
Lo más llamativo es que, frente a este hecho, hasta el momento no se conoce algún anuncio contundente del Gobierno en rechazo a este ataque ni que los responsables de este hecho hayan sido judicializados.
Por el contrario, los funcionarios del Ejecutivo que hicieron presencia se pusieron del lado de los manifestantes, como el caso de la alta consejera para la juventud, Gabriela Posso, quien aseguró que “hay que desmontar el Esmad”.
Esta semana, el Pacto Histórico radicó un proyecto de ley que también buscaba otorgarles beneficios a miembros de esta organización, que van más allá del indulto y la amnistía.
La iniciativa señalaba que, ante graves faltas como el secuestro u otra privación grave de la libertad, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el terrorismo, el concierto para delinquir agravado y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, cometidas en el marco de la protesta, los detenidos podrán solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión por la de residencia que señale el imputado, bajo la condición de que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento”.
Es decir, miembros de la primera línea y otros manifestantes que estén procesados por terrorismo o concierto para delinquir podían pedir casa por cárcel.
Sin embargo, el rechazo de las mayorías en el Congreso derivó en que los autores y ponentes del proyecto de ley de prórroga y modificación de la Ley 418, o de orden público, reversaran su propuesta de que el presidente de la República pudiera indultar a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en medio de las protestas.
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, uno de los autores de la iniciativa, afirmó que la propuesta será retirada de la ponencia o texto con el que se comenzará el debate en las plenarias de Senado y Cámara, tal y como lo solicitaron sectores del Gobierno nacional.