El senador David Luna, de Cambio Radical, le contestó al presidente del Senado Roy Barreras, del Pacto Histórico, que los contratos de prestación de servicio con el Estado no se deben acabar, como lo propuso el presidente Gustavo Petro en campaña, esto en medio de la discusión que se ha generado en los últimos días tras el anuncio de que se seguirán firmando contratos de hasta cuatro meses.
“Los contratos de prestación de servicios en el Estado se deben dignificar, no acabar. Hoy más de 900 mil personas sufren a un Gobierno que los manipula o chantajea para firmar su continuidad. No hay derecho, dejen a la gente elegir libremente como quiere ganarse el sustento”, aseguró el senador de Cambio Radical.
Previamente, Barreras había dicho que más de un millón de colombianos dependen de este tipo de contratos y dio un mensaje de tranquilidad por el momento, aunque reconoció que será un tema que se discuta en la reforma laboral que presentará el Gobierno este año.
“Para los más de un millón de colombianos que dependen de contratos de prestación de servicios (OPS) tranquilidad: Sus entidades podrán renovar sus contratos de trabajo en 2023. La formalización es una transición necesaria que deberá desarrollarse con precisión en la reforma laboral”, aseguró Barreras.
La polémica se ha generado porque el Gobierno anunció recientemente que durante este 2023 se seguirán firmando contratos de prestación de servicios, sin embargo, no podrán exceder los cuatro meses con el objetivo de que luego de ese periodo se pueda formalizar el contrato.
El Gobierno tuvo que cambiar de opinión, ya que se trataba de una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro sobre la que dijo que en los primeros meses de su mandato acabaría con los contratos de prestación de servicio.
En los últimos días, un concepto del Ministerio del Trabajo truncó esa posibilidad al señalar varios inconvenientes con la medida, por lo que Función Pública tuvo que emitir una nueva circular con la que flexibilizó el plazo de cuatro meses para la formalización.
A pesar de que se estableció este tiempo para firmar contratos con mejores condiciones para los prestamistas del Estado, se establecieron algunas excepciones, por ejemplo, en casos en los que se requiera garantizar la permanencia y continuidad de servicio “si dentro del plazo señalado no se concreta la provisión de plantas temporales”, dice el documento conocido por SEMANA.
También se abrió la puerta a que se puedan extender los contratos cuando de manera excepcional se requiera contratar a una persona con un servicio o experticia que no esté dentro del personal de planta. Así como cuando la persona se encuentre en estado de gestación o licencia de paternidad o maternidad.
“De manera excepcional, los contratos mencionados podrán exceder el plazo de cuatro meses siempre que, de manera expresa y clara, se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor, así como los motivos por los cuales resulta conveniente proveer tal necesidad a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en lugar de la creación de un empleo de la planta temporal”, señala el documento.
Previamente, el Ministerio del Trabajo había presentado una carta en la que dio su concepto a la Secretaría Jurídica de la Presidencia en la que explicó que la formalización de los trabajadores del Estado en los primeros cuatro meses del año no se podría ejecutar en el tiempo que se estableció inicialmente y que no habría viabilidad presupuestal.
En la carta el ministerio se menciona que una vez establecido el presupuesto para este año por parte del Ministerio de Hacienda, las metas fijadas por el Gobierno para modificar estos contratos son “imposibles de ejecutar”.
Califican de “infame” e “inhumano” los cambios a contratos por prestación de servicios
El Departamento Administrativo de la Función Pública aseguró hace unos días que las organizaciones estatales solo podrían expedir contratos de prestación de servicios hasta el mes de abril. Sin embargo, este jueves 5 de enero se conoció que el proceso para eliminar este tipo de vinculación laboral va a demorarse más de lo esperado.
Tras un comunicado del Ministerio del Trabajo, la entidad tuvo que emitir una nueva circular en la que flexibiliza el plazo perentorio para la formalización. Además, el documento, conocido por SEMANA, señala que la prioridad la tendrán los trabajadores del Estado, por lo cual podrán suscribir contratos “por plazos que no superen los cuatro meses”.
Estas modificaciones han provocado una lluvia de críticas en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, debido a que la eliminación de este tipo de contratos fue una de sus principales promesas durante la pasada campaña electoral.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, fue una de las primeras en pronunciarse con respecto a este tema y manifestó que las vinculaciones estatales por tan solo cuatro meses generarán una grave inestabilidad laboral.
“Presidente Petro, someter a los contratistas de prestación de servicios del Estado a contratos de solo 4 meses generará una dinámica de chantaje del superior sobre el trabajador y promoverá una inestabilidad laboral y emocional infame e inhumana. ¿Por qué hacen esto?”, escribió la congresista en Twitter.
Rodrigo Lara Sánchez, por su parte, aprovechó la coyuntura para puntualizar que la renovación de estos contratos de prestación de servicios se dará en plena época electoral, ya que este año se llevarán a cabo las elecciones regionales.
“Hacer contratos de prestación de servicios este año por cuatro meses implica realizarlos nuevamente en plena época electoral. Es de por sí una predisposición a manipular a miles de colombianos que ven en esta manera de contratar del Estado la única oportunidad de laborar”, indicó inicialmente.
Luego, añadió: “Ningún estudio serio del recurso humano del Estado que busque acabar con los contratos de prestación de servicios y la creación de cargos planta se realiza en menos de seis meses. Y eso contados a partir de su contratación. Ojalá y se corrija esa incertidumbre generada para miles”.