La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se pronunció sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y su deber de investigar al presidente Gustavo Petro. “Debe cumplir la Constitución. Los delitos de Petro por violación de topes y narcodineros son causales de destitución”, sostuvo Betancourt, en un mensaje en su cuenta en X (antes Twitter). Además, señaló que “las cortes tienen que abrir juicio por prevaricato contra los representantes que bloquean el juicio. Verdad y justicia ya”.

El mensaje de Betancourt se dio luego de que se conociera que este lunes 11 de diciembre la Comisión de Acusación citó a los denunciantes por las posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro.

Sin embargo, la realidad es que la Comisión de Acusación no se ha reconocido precisamente por cumplir con su labor. En 30 años, solo acusaron al exmagistrado Jorge Pretelt por torcer una tutela a cambio de grandes sumas de dinero y al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte por el llamado cartel de la toga.

Se calcula que unos 1.800 expedientes permanecen en los archivadores y pasillos de la Comisión de Acusación y son pocas las actuaciones que se adelantan. Desde la conformación del nuevo Congreso en 2022, son mínimas las actuaciones que se han hecho y las mayorías las tiene la coalición de gobierno, incluso con el secretario de la célula, Jairo Corzo, de quien se dice es cuota del Pacto Histórico.

En el caso de Petro, hay 45 indagaciones por diversos hechos y denuncias. De ese número, siete están relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, que se conoció por las revelaciones de Day Vásquez y las confesiones de Nicolás Petro, publicadas por SEMANA.

Lo que se conoce es que todos los procesos están estancados. Aunque la Comisión de Acusación se reúne cada ocho días, no ha pasado nada con estas indagaciones y no se ha decretado práctica de pruebas para determinar si hay mérito para una investigación formal o el archivo definitivo.

La razón es clara: la conformación de dicha instancia judicial es netamente política y, de los 18 representantes, nueve son de la coalición de gobierno.

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