La procuradora general de la nación, Margarita Cabello, también cuestionó la firma del decreto del presidente Gustavo Petro que busca la liberación de varios miembros de la llamada primera línea en los próximos días para convertirse en gestores de paz.
Cabello arremetió específicamente contra el recurso legal utilizado por el presidente para poder lograr la liberación de los presos.
De acuerdo con Cabello, la decisión de decretar una “comisión intersectorial” que elija como gestores de paz a los presos no es el deber ser de este tipo de procesos porque no se trata de poner a cualquier persona, sino que deben ser voceros reconocidos.
“Si bien la ley autoriza voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo para alcanzar la paz total, estos no pueden ser cualquier persona, la misma ley estipula que deben ser reconocidos y autorizados por los grupos armados que participan en el proceso”, afirmó Cabello.
En este sentido, la procuradora manifestó que no está segura qué tanta incidencia tiene el presidente Gustavo Petro a la hora de decidir, por decreto, quiénes formarán parte del grupo de gestores de paz, ya que podría estar incurriendo en una violación de la separación de poderes, por cuanto el ejecutivo no tendría potestad en temas que debe manejar el poder judicial.
Por esta razón, afirmó que habría que ver qué tanta libertad le dio la ley al presidente para determinar el nombre de los voceros o gestores de paz que provendrían de la primera línea.
Esta no es la única voz que se ha manifestado en contra del decreto firmado por el presidente Petro.
Desde el Partido Liberal, colectividad de gobierno, han dicho que el presidente Gustavo Petro se está equivocando con esta decisión.
“Creo que es una usurpación que está haciendo el presidente Petro de las facultades de la rama judicial, yo condeno que él esté metiéndose en temas que son de otra rama del poder público”, dijo el representante Juan Carlos Losada.
Señaló que es un mal mensaje para el país y que este tipo de decisiones no debería tomarlas un presidente y mucho menos con comisiones creadas a última hora.
“No le corresponde a ninguna comisión nombrada por ningún presidente decidir quiénes pueden ser sacados o no de una cárcel. Eso raya con la injerencia del Ejecutivo en los poderes públicos y estoy en contra”, concluyó.
Igualmente, tras conocerse este decreto, el senador del Centro Democrático Enrique Cabrales le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural de los presidentes, que inicie una investigación contra el jefe de Estado por presuntamente haber cometido prevaricato por acción.
“Al presidente no se le otorgaron facultades extraordinarias para que indultara a los miembros de la primera línea”, recordó Cabrales.
Según explicó el congresista de oposición, en la llamada ley de paz total, al presidente se le otorgaron facultades para negociar con grupos armados al margen de la ley y bandas criminales, pero no para indultar a miembros de la primera línea detenidos.
“Una de dos, o el presidente está incurriendo en un presunto prevaricato, o está reconociendo que la primera línea es un grupo terrorista”, dijo el senador.
Vale la pena recordar que el decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.
Sin embargo, esto ha causado un revuelo nacional y, desde diferentes frentes, han cuestionado la decisión del presidente de imponer un decreto para la liberación de los miembros de la primera línea y han pedido que se estudie más a fondo la potestad del mandatario para hacerlo.