La investigación por una posible violación de topes en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República en 2022 sigue generando polémica en el país, en la medida que se conocen más hechos que vinculan, especialmente, al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien para ese entonces se desempeñó como gerente de la campaña.
En los últimos días se conoció un documento de 315 páginas, en el cual los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron una ponencia de pliego de cargos contra los directivos de la campaña presidencial, en el que se incluyen declaraciones, pruebas documentales, registros contables y facturas de la Dian.
El contenido de este documento pone en evidencia que la campaña, presuntamente, habría violado los topes electorales establecidos por la Ley, los cuales superarían los 5.300 millones de pesos. Sin embargo, esta ponencia tendrá que ser votada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, pero desde ya ha desatado polémica en Colombia.
Una de las personas que aparece mencionado allí es el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien para ese entonces oficiaba como gerente de la campaña, encargado de gestionar esos dineros que ingresaron para financiar los eventos y todo lo relacionado con la campaña del hoy mandatario.
Uno de los puntos del documento de 315 páginas hace mención a los pagos que se realizaron para el evento del 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, en lo que sería el evento de cierre de la campaña presidencial para la segunda vuelta que se llevó a cabo ese día, cuando fue elegido finalmente Gustavo Petro como presidente de Colombia.
El documento señala que, de acuerdo con la información suministrada en el informe de ingresos y gastos de la campaña, se registró un pago el 16 de junio de 2022 a nombre de la empresa TBL Live S.A.S., por la suma de 150 millones de pesos por concepto de ‘Servicio de producción evento final Pacto Histórico’.
Sin embargo, en un informe de auditoria externa, adelantada por la empresa Nexia Montes & Asociados, se advierte de presuntas irregularidades para ese evento, debido a que la revisión del contrato reportado inicialmente estable como valor total del servicio la suma de 250 millones de pesos, pero la campaña solo reportó en el aplicativo Cuentas Claras 150 millones de pesos.
Allí se evidencia entonces que la empresa TBL Live S.A.S., expidió dos facturas electrónicas ese 16 de junio de 2022, ambas por el servicio de producción del evento del Pacto Histórico: una a nombre del Ricardo Roa Barragán, por 100 millones de pesos, y la otra a nombre de Servi RED S.A.S., por valor de 150 millones de pesos.
Esta información fue contrastada con las facturas electrónicas que remitió la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por un requerimiento probatorio que se dispuso en el Auto del 10 de agosto de 2023 y reiterado en otro Auto del 12 de diciembre del mismo año.
De estas facturas “se determina que no fueron anuladas, por tal motivo, se infiere que los bienes y servicios allí relacionados se prestaron en su totalidad a la campaña presidencial de segunda vuelta de la coalición del Pacto Histórico, razón por la cual se debió registrar en el informe de ingresos y gastos la segunda factura por valor de 100 millones de pesos, que se pagó a la empresa TBL Live S.A.S., en la medida que se trataba del mismo evento”, señala el documento.
Frente a las observaciones que se realizaron por parte de la empresa auditora externa por dicho pago, se advierte que Ricardo Roa Barragán “en su calidad de gerente de la campaña en mención, realiza una presunta subsanación, consistente en que el contrato por el servicio prestado, no ascendía a la suma de 250 millones de pesos sino de 150 millones. No obstante, para esta Corporación no es de recibo la misma, teniendo en cuenta la firmeza de las precitadas facturas las cuales se itera no fueron anuladas”.
Dentro de la auditoria se recomienda “revisar los términos del contrato, aclarando las condiciones de pago y el valor total del servicio prestado, por cuanto la diferencia origina un ajuste en el sistema de Cuentas Claras, por el valor de la obligación pendiente de pago y aumento del gasto”.
Desde la auditoría externa también recordaron “que toda factura o cuenta de cobro, asociada con los gastos de la campaña, en la compra de un bien o prestación de un servicio, requiere suscribirse a nombre del Gerente de la campaña o del candidato presidencial, con el fin de que el soporte sea válido y adecuado en cumplimiento con lo indicado en el ‘Manual Sistema de Auditoría Interna Campaña Petro’”.
La ponencia de los magistrados concluye frente a este tema que la empresa TBL Live S.A.S., realiza el proceso de facturación de los servicios prestados en debida forma, es decir, que el servicio allí detallado se prestó “máxime cuando las obligaciones tributarias contraídas por la empresa al momento de emitir la factura en relación con la declaración de I.V.A generado, fueron suplidas por la misma en virtud de lo vertido en la precitada factura; lo que deriva sobre este rubro una omisión en el reporte de la campaña de segunda vuelta por la suma de 100 millones de pesos”.
Los magistrados exponen, finalmente en el documento, que “no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático, por lo tanto, el aporte efectuado por la empresa SERVI RED S.A.S., no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación”.