Las autoridades investigan un complejo entramado empresarial que habría sido fachada de un robo continuado de crudo a Ecopetrol, con el fin de revender internacionalmente miles de barriles extraídos del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, aseguró que “los mismos apellidos” implicados están en el intento por “desfalcar” la ciudad.
De acuerdo con el alcalde de la capital de Santander, son los mismos que buscan “desfalcar” Metrolínea y quienes están detrás de los ataques que recibe por defender el páramo de Santurbán. Según Cárdenas, son “nombres rimbombantes llenos de pecados”.
“Los mismos apellidos del robo a Ecopetrol se encuentran en el intento por desfalcar a Bucaramanga en el tema Metrolínea y en los ataques que recibimos por defender el páramo de Santurbán. Nombres rimbombantes llenos de pecados”, dijo el alcalde de la ciudad.
Entre las empresas que aparecen en el expediente está Gunvor Colombia S.A.S., una sucursal de la multinacional Gunvor Group con matriz en Ámsterdam, que se dedica a los negocios de energía y al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos.
La sede de la compañía en Bogotá registra activos por 381.000 millones de pesos y su representante es el empresario Jaime Alejandro Hoyos Juliao, quien posee una participación en una casa de veraneo en Anapoima (Cundinamarca), comprada en octubre de 2021 por 801 millones de pesos, que también fue incautada.
La investigación con la cual se está judicializando a los protagonistas de este megarrobo señala que Gunvor Colombia comercializó internacionalmente el crudo de la investigación luego de haberlo recibido a Niman Commerce S.A.S., su proveedor.
Esta última compañía aparece representada por Hernando Silva Bickenbach, miembro de una prestigiosa familia colombiana y catalogado como uno de los principales dinamizadores de la compra, venta y recepción de hidrocarburos bajo investigación.
Otras empresas involucradas en el proceso son Australian Bunker Suppliers C.I. S.A.S., cuyos activos superan los 105.594 millones de pesos, y a la que se le incautó un apartamento en el sector de Bocagrande, en Cartagena, y tres barcos: Matilda, Blas de Lezo y Marinse I.
Además de Exportécnicas S.A.S., con una camioneta Porsche Cayenne, verde jet, avaluada en 260 millones de pesos; junto con 24 tractocamiones tipo volquetas y vehículos cisterna; 3 lotes en Tolima y un establecimiento de comercio en Ibagué de 6.173 millones de pesos.
Robo a Ecopetrol: casas, apartamentos, barcos y sociedades. La millonaria fortuna de los cabecillas de la red que “tumbó” a la más grande empresa estatal
La red criminal que se conformó entre ELN y las empresas que se constituyeron para obtener los permisos del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, para la extracción del crudo, lograron amasar una verdadera fortuna que ahora pasó a la administración del Estado.
La Fiscalía logró la ubicación e incautación con fines de extinción de dominio de los bienes que estaban vinculados a la organización criminal que desfalcó a Ecopetrol, a través del hurto de crudo que terminaba mezclado con hidrocarburos de Venezuela.
Más de 100 propiedades fueron ocupadas por la Fiscalía luego de una larga investigación que permitió la captura de los responsables del hurto, la identificación de las cabezas de esta red criminal y los millonarios lujos que se dieron en el mejor momento de su carrera de traficantes de hidrocarburos.
“De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos”, explicó la Fiscalía.
Entre las propiedades incautadas se cuentan nueve inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, siete naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, “los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión”, señaló el ente acusador.
Los bienes, muebles e inmuebles, que fueron ocupados con fines de extinción de dominio, pasaron a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales que los podrá monetizar o entregar a depositarios para su manejo. De acuerdo con la misma Fiscalía, las propiedades estarían avaluadas en 1,3 billones de pesos.
“Están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes”, advirtió la Fiscalía.