Como si lo evidenciado hasta el momento en la Guajira no fuera escandaloso, la congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, encontró una nueva olla de corrupción en ese departamento por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Comprometen a Olmedo López, exdirector de la entidad, hoy en la mira de la justicia.
Durante seis meses, la dirigente política adelantó una investigación y encontró que la UNGRD solo ejecutó el 22 por ciento de las acciones anticipatorias del Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno del Niño, que contaba con un presupuesto de 2.2 billones de pesos. “Solo se ejecutaron 451 de las 1346 acciones de prevención que les correspondían”, dijo.
El primer hallazgo encontrado apunta a que se destinaron casi 75.000 millones de pesos en jagüeyes inexistentes e interventorías fantasmas.
En el Plan de Acción se estimaron 4.420 millones para la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para agua con jagüeyes. Durante la época de la campaña, en 2023- según Juvinao- se realizaron 16 órdenes de proveeduría que costaron 74.984 millones, “un valor extremadamente superior al indicado inicialmente”.
Según Juvinao, “el 81 por ciento de los contratos, equivalentes a 62.000 millones, se los dieron al municipio de Uribia sin ninguna justificación técnica, aun cuando tiene menos habitantes que otras localidades de la Guajira”, informó. Han pasado siete meses y solo se han terminado 209 jagüeyes de los 1626, solo se ha ejecutado el 12 por ciento y están pendientes 1417, reportó la Representante.
De acuerdo con lo que investigó Juvinao, algunos contratistas le afirmaron que no les han pagado las obras realizadas y hay cuatro que no han iniciado. Ni siquiera tienen acta de inicio.
Ella habla de padrinos políticos para esas obras, entre ellos, Olmedo López, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago; el exalcalde Bonifacio Eníquez, el exgerente Luis Gómez Pimienta y el senador del Partido Conservador, Carlos Trujillo.
Catherine Juvinao reveló que la interventora Intraffic Sas sería una empresa fantasma. No tiene experiencia en contratación con el Estado y su actividad económica no tiene nada que ver con la designación a dedo para hacer la interventoría de 19 contratos”, expresó Juvinao.
La representante también se refirió a los más de 35.000 millones de pesos invertidos en el alquiler de 222 carrotanques en la Guajira. Tenían un plazo de ejecución de dos a tres meses. No obstante, “a pesar de ser alquilados para un mismo departamento, los valores unitarios entre uno y otro contrato difieren sin justificación aparente, evidenciando presuntos sobrecostos de hasta un millón de pesos”.
Además, hay tres contratistas que generan suspicacia porque “no tienen relación con el objeto contratado, ni evidenciaron ninguna experiencia relacionada. Dichos contratistas serían asociaciones indígenas que recibieron más de 13.000 millones de pesos, aunque no tienen nada que ver con carrotanques”, explicó.
Juvinao también informó que la UNGRD contrató a 23 personas entre octubre y diciembre de 2023 por 366.000 millones de pesos para ejecutar capacitaciones preventivas a los entes territoriales. “Los contratos terminaron a finales de 2023 y dichas capacitaciones nunca se hicieron en el término estipulado por el contratista”, dijo.
Según la dirigente, se hicieron virtualmente en febrero de 2024- cuando los contratos habían finalizado-, estuvieron a cargo de tres funcionarios de planta de la UNGRD. “Los 23 contratos, presuntamente, serían corbatas entregadas justo después de la contienda electoral”, remató.
Las denuncias pasaron a manos de los organismos de control.