El Fondo Rotatorio de la Cancillería de Colombia está llevando a cabo una licitación pública para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en Bogotá como en Cartagena.
La cartera está ofreciendo 10.531 millones de pesos por 19 meses de servicios, que irán a la empresa que cumpla con requisitos que para los proponentes podrían indicar una intención de beneficiar a una sola firma.
SEMANA conoció las quejas que los proponentes hicieron llegar al Ministerio a través de las observaciones al proceso, que muestran los particulares requisitos que se exigieron para que una empresa pueda demostrar su elegibilidad.
Una de las observaciones más contundentes fue enviada por la empresa Seguridad Penta, quienes señalaron cada uno de los requisitos que podrían provocar una falta de garantías en participación.
Entre ellos, el Ministerio pidió un coordinador del contrato con título profesional en ciencias militares o ingenierías, con curso y diplomados. Un mínimo de experiencia en seguridad privada y una credencial de consultor en la materia expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
También un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo que sea administrador ambiental o ingeniero industrial, específicamente. También una especialización, también muy puntual, en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Se evidencia un factor totalmente excluyente y bastante limitante para la participación y pluralidad de oferentes, ya que se puede deducir que hay pocas empresas por no decir una que solamente cumple con estos perfiles y será esta la que cuente con una ventaja sobre las demás empresas que están interesadas en participar”, insinuó el representante legal de la empresa que envió la observación.
Además, alega que, por ejemplo, un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo no cumple funciones dentro del contrato que adjudicará la Cancillería.
La observación fue acogida parcialmente por el Ministerio, solo quitándole un diplomado al coordinador del contrato.
Incluso, existe un aparte de ponderación técnica que entrega más puntos si el coordinador tiene maestría o especialización en materias específicas, e incluso un curso de piloto de dron y haber sido militar.
¿Esto como para qué en el contrato? ¿Qué representa esto diferente a pretender conducir el requerimiento a un único participante?”, alegó el contratista.
Y piden una formación adicional del oficial de cumplimiento y tratamiento de datos personales, como especialización en derecho comercial, magister en derecho privado y experiencia en empresas relacionadas.
“Y para finalizar y completar el paquete de pliego sastre, se incluye un oficial de cumplimiento, igualmente sin funciones, con un perfil de la Nasa o superior”, escribe el proponente de forma irónica.
Hubo una audiencia de asignación de riesgos en la que varios expresaron su descontento por cómo se está llevando el proceso de contratación.
Entre ellos Interglobal, la firma que actualmente presta esos servicios para la Cancillería en ambas ciudades.
“Estamos viendo un cambio de 360 grados en el proceso, donde el contrato que viene a ejecutarse en los próximos meses es un contrato exactamente igual al de hoy. Donde los requisitos que están plasmandos la entidad en el pliego de condiciones definitivo son absurdos, faltos de objetividad y totalmente en contra de los derechos de los proponentes. Entonces sí le agradezco doctora, que reanuden esta audiencia el lunes con la garantía de los derechos de los interesados en el proceso”, dijo el representante de la empresa.
Otra mujer en la reunión estalló contra el pliego, asegurando que requiere perfiles de la Nasa: “Nunca había visto un proceso de estos en esta entidad absolutamente cerrado, direccionado con perfiles que ni siquiera tienen funciones dentro del contrato. (...) Es algo absolutamente ilegal”.
El proceso no se ha adjudicado, pero está entre las firmas Detección Ltda y Top Guard. El próximo 26 de diciembre se conocerá qué firma logró la adjudicación.