Este martes 5 de marzo, en el informativo del Gobierno nacional, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo anunció que no se firmará un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons.
Este anuncio se da después de la decisión de José Antonio Salazar, ex secretario general de la Cancillería, de expedir una resolución que le adjudica a la empresa el contrato de elaboración de pasaportes, luego de que el canciller Álvaro Leyva declarara desierta la licitación.
“No vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares. Por eso, en esta etapa, he elevado unas consultas porque queremos salir con una posición de Gobierno”, indicó Murillo en el programa oficial.
Dijo que consultó con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y con Colombia Compra Eficiente.
“Les hemos planteado una estrategia para que ellos realmente conceptúen sobre esa estrategia. Con base en eso ese será el camino que seguiremos para poder garantizar que llegamos a una solución que sea aceptable y la que más beneficie a la sociedad colombiana en ese sentido”, agregó.
Y el canciller encargado ya sostuvo encuentros: “Ayer tuvimos una discusión muy productiva con la doctora Paula Robledo, que es la nueva secretaria jurídica de Presidencia, y también con Gustavo Gómez Aranguren, quien es el nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Creo que avanzamos bastante y próximamente haremos los anuncios a la opinión pública”.
Murillo también arremetió contra el ex secretario general de la Cancillería, a quien descalificó.
“No queremos entrar en esa discusión que algunos tildan de tinterillo de pueblo que han iniciado exfuncionarios de la Cancillería”, sostuvo.
El canciller aseguró que evita hablar en medios y redes sociales sobre la polémica alrededor de la licitación de pasaportes, pero envió un mensaje de tranquilidad en torno a la producción de los documentos en Colombia.
“La ciudadanía debe estar tranquila, que no habrá ninguna afectación en sus pasaportes. Se están produciendo bien. Tenemos todavía siete meses para poder definir estos temas. Se han tomado todas las medidas necesarias para que en ningún momento afecte a la ciudadanía”, indicó Murillo.
El canciller encargado aseguró que se encuentran en “un proceso administrativo para llegar a una relación contractual que permita seguir sin ningún altibajo estos temas”.
Y aseguró que las dificultades radican en que se inició un proceso administrativo en el que “no se siguieron unos criterios que planteamos como gobierno y es la pluralidad de los oferentes, y obviamente la competencia y transparencia en este proceso”.
“Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia. Ahí se generó toda la controversia que se vive hoy. Se dieron decisiones administrativas inadecuadas y hemos llegado a la conclusión que es un proceso que hay que revisar”, agregó.
Murillo explicó que cuando llegó había un nuevo proceso licitatorio en etapa de prepliegos. Por las más de 500 observaciones, según afirmó, decidió suspenderlo: “Ibamos a llegar a la misma situación de la primera licitación”.
“Lo estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno nacional”, manifestó.