En medio de la audiencia disciplinaria que avanza en la Procuraduría contra el suspendido canciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes, SEMANA conoció por fuentes cercanas al proceso que personas que han ocupado cargos en el gobierno Petro, se convertirán en los principales testigos para declarar en este caso que ha generado todo tipo de cuestionamientos por la millonaria licitación que hoy sigue en veremos.
En la diligencia que se desarrolló este miércoles, la defensa terminó descargos sobre las acusaciones que hizo la Procuraduría al ministro de Exteriores relacionadas con las faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas a título de dolo, y que estarían relacionadas por declarar desierta la licitación de 2023 sin fundamentos jurídicos y decretar la urgencia manifiesta sin que, al parecer, existieran razones suficientes para hacerlo, según el ente de control.
Después de finalizada esa diligencia, el abogado Yefferson Dueñas, abogado de Leyva, solicitará a la Procuraduría todas las pruebas que tengan sobre el proceso que se adelanta contra el alto funcionario y los testimonios de quienes tuvieron algún vínculo con la cuestionada licitación de los pasaportes.
Entre esas personas que llegarían al juicio contra Leyva para presentar su testimonio está la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien quedó por fuera del cargo después de emitir un concepto que la gran conclusión era “adjudicar”. Esa consulta le costó la cabeza porque se fue en contravía a la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro sobre ese cuestionado proceso de los pasaportes.
Hay que recordar que la renuncia de Zamora también se dio en medio del encontronazo interno que tuvo con el canciller Leyva a finales del año pasado, en medio de un reclamo por el manejo del proceso legal que se le estaba dando al proceso legal de la demanda de la compañía Thomas Greg & Sons contra el Estado colombiano por 117 mil millones de pesos.
Otro de los testigos citados a este proceso disciplinario será el ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo, quien llegó al cargo después de que la Procuraduría suspendió a Leyva. El también embajador de Colombia en Washington ha estado envuelto en la polémica después de que declaró que no iba a firmar el contrato de pasaportes 2024 para Thomas Greg porque se dio “”en situaciones que consideramos irregulares”, dijo Murillo.
Y es que el exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar, expidió por resolución la adjudicación del contrato a Thomas Greg para que elaboraran los pasaportes este año en Colombia. Sin embargo, el presidente Petro lo declaró insubsistente por esa decisión.
De hecho el jefe de Estado aseguró que en cuenta de X que “el secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”.
En las últimas horas, la propia Agencia Jurídica del Estado denunció al exsecretario Salazar por los presuntos delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y abuso de función pública por el lío de los pasaportes.
Otros de los testigos que aterrizarán en el juicio es el abogado de Thomas Greg & Sons, Juan Pablo Estrada, quien presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la demanda contra la Cancillería por la declaratoria de desierta de la licitación en la que resultaron ellos elegibles.