La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió este jueves 26 de septiembre al magistrado César Augusto Lorduy como nuevo presidente de la corporación. En el cargo de vicepresidente lo acompañará el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero.
La elección de Lorduy como nuevo presidente del CNE llega en un momento decisivo que coincide con la próxima votación sobre los cargos en contra del presidente Gustavo Petro.
En todo caso, se espera que el cambio en la mesa directiva no genere ningún inconveniente en los procesos que se adelantan y, por ejemplo, el caso de la campaña Petro Presidente seguirá con los términos establecidos.
Así, el próximo lunes 30 de septiembre se hará la votación del expediente que pide formular cargos en contra de dicha campaña por presunta violación de topes electorales.
SEMANA conoció que hay malestar en algunos congresistas y magistrados cercanos al Pacto Histórico porque —al parecer— desde la Casa de Nariño habrían llamado a la magistrada del Polo, Alba Lucía Velásquez, para que votara por César Lorduy.
Según informaron fuentes cercanas a SEMANA, la intención de la Casa de Nariño para que Lorduy llegara a la presidencia del CNE es que ponga el expediente en rotación y así cerrar la investigación que se adelanta a la campaña Petro Presidente.
Luego de la elección de Lorduy, el senador Carlos Fernando Motoa cuestionó la decisión.
“El CNE se esfuerza por ser cada vez más cuestionado e ineficiente. Por eso, en la Comisión Primera del Senado venimos hablando de la necesidad de cambiar su composición y arquitectura institucional. Con esta designación se reafirma la politización de la entidad y la parcialidad en la toma de decisiones que afectan la democracia”, señaló.
Es de mencionar que el CNE tiene las facultades para investigar al presidente Gustavo Petro por sus actuaciones como candidato, es decir, por la campaña presidencial de 2022. Esto, pese a que abogados afines al jefe de Estado han tratado de atravesarse en la investigación administrativa que adelanta el CNE y han buscado quitarle las competencias al tribunal administrativo.
El pasado viernes 20 de septiembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, rechazó una tutela “por improcedente”, en la que pedía que se ordenara al Consejo de Estado que remitiera por competencia a la Corte Constitucional el conflicto de competencias suscitado entre el CNE y la Comisión de Acusación de la Cámara, a la hora de decidir a quién le correspondía investigar al primer mandatario.
Aunque la Sala de Consultas del Consejo de Estado ya había emitido un concepto y le había reconocido las facultades al CNE, la fundación Dilo Colombia, que instauró la tutela, consideró que fue contraria al ordenamiento superior. La Sala de lo Contencioso Administrativo consideró que esta fundación no actuó como apoderada o agente oficiosa del presidente y, por tanto, declaró la tutela como “improcedente”.
En ese orden de ideas, el petrismo perdió un cartucho más que utilizó el abogado de Gustavo Petro, Héctor Carvajal, para pedirles a los magistrados del CNE que se abstuvieran de votar el pliego de cargos contra la campaña presidencial en espera de la respuesta de la tutela.
Por esto, el próximo lunes 30 de septiembre, si nada extraordinario ocurre, la defensa del presidente no tendrá más excusas para dilatar la votación del pliego de cargos contra la campaña presidencial, cuyos ponentes son los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. En casi 400 páginas, concluyeron que la candidatura de Gustavo Petro violó los topes de campaña en más de 5.300 millones de pesos en las dos vueltas.
Una vez fue elegido como nuevo presidente del CNE, Lorduy señaló que uno de los propósitos centrales de la corporación es aumentar la confianza de la ciudadanía en el sistema político, para lo cual es fundamental “la salvaguarda y vigilancia permanente del cumplimiento de las normas electorales y la protección de los procesos de participación política en el marco de una democracia participativa”.
“La democracia es descentralizada, se construye en las regiones, donde cada ciudadano tiene la oportunidad de participar activamente en el diálogo con sus instituciones”, agregó Lorduy.