El magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, está preocupado por su seguridad y sus compañeros del tribunal electoral. Este 26 de enero le envió una carta a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, en la que le solicita que aplique el Artículo 264 de la Constitución Política.
En la misma misiva le recuerda que dicho artículo dice que “el Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve miembros elegidos por el Congreso en pleno, para un período institucional de cuatro años mediante el Sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Ante este artículo, Lorduy manifestó en la misiva conocida por SEMANA “que, basado en lo anterior, y sin mayor ejercicio intelectual, es diáfano que los magistrados integrantes del Consejo Nacional Electoral ostentan las mismas calidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema, es decir, es la propia Carta Política la que asigna, de manera directa, a los integrantes de esta colegiatura electoral igualdad de derechos frente a los ya referidos magistrados de esa alta Corte”, se lee textualmente en el documento.
Pese a eso, Lorduy manifestó que, según la Unidad Nacional de Protección, “no contempla a los magistrados del Consejo Nacional Electoral como sujetos de protección, razón por la cual, la entidad que usted representa no ha establecido ninguna medida de protección frente a los magistrados de esta autoridad electoral en función del cargo que desempeñamos, a pesar de que la Constitución Nacional nos asigna los mismos derechos”.
El magistrado, además, invitó al director Augusto Rodríguez Ballesteros a hacer cumplir el mandato constitucional citado, “lo que evitaría la activación de las acciones establecidas para hacer valer los derechos que la Constitución Política nos asigna”.
En consecuencia- se lee en la misiva-, “le solicito que, en función del cargo que desempeño y sin mayor requisito que el establecido en la Constitución, me sea establecido un esquema de protección que dependerá en mayor o menor medida, claro está, del nivel de riesgo que pudiera tener debido a las actividades que la Constitución me asigna”.
SEMANA conoció que en el Consejo Nacional Electoral solo dos magistrados tienen esquema de seguridad, entre ellos, el huilense, Álvaro Hernán Prada, porque fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, además de Alfonso Campo, quien fue director de la Unidad Nacional de Protección.
El problema es que los magistrados empezarán a desplazarse a las regiones del país para investigar, entre otros casos, posibles delitos de trashumancia electoral, un tema sensible que pondría en aprietos.
De momento, los magistrados solo tienen vehículos asignados por la Registraduría, pero ninguno tiene esquema de seguridad, pese a que algunas de sus decisiones han levantado ampolla entre los clanes políticos del país.
El Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones en los últimos meses tendientes a nuevos partidos políticos en Colombia. Además, está revisando cada una de las quejas frente a los comicios electorales de 2022.