La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, denunció que se están retirando los afiches de la campaña contra la violencia sexual en las instalaciones del Congreso de la República. En las piezas comunicativas removidas se ponen a disposición de las víctimas dos correos electrónicos para denunciar de manera segura a sus agresores y así poder hacer uso de las herramientas que ofrece el protocolo.
La parlamentaria hizo pública una grabación de cámara de seguridad que muestra a un agente de la Policía Nacional que retiró afiches en las instalaciones del Congreso.
“Lanzamos una campaña, ‘Rompamos el Silencio’, para que las víctimas de acoso y abuso sexual en el entorno laboral del Congreso de la República tengan un canal seguro de denuncia. Tenemos que denunciar que existe un saboteo continuo a esta campaña. Los afiches y piezas comunicativas que hemos puesto en distintos lugares del Congreso están siendo removidas. Tristemente, la Policía ha sido de quienes han removido estos carteles”, dijo la senadora.
Pizarro le solicita a la Policía Nacional que aclare si se trata de una orden o de la actuación individual del agente en el video.
“Queremos saber quiénes están detrás, quiénes no quieren que se sepa, quiénes no quieren que se denuncien los casos dolorosos de acoso y abuso sexual en el Congreso de la República”, manifestó la congresista en un video.
La senadora lidera la comisión accidental contra el abuso sexual en el Congreso de la República, la cual se estableció como conducto regular para conocer las denuncias de quienes han sido sometidos a violencia y presiones en sus lugares de trabajo. Como parte de su labor, la congresista instaló afiches para que las víctimas se pongan en contacto.
“Rompamos el silencio. En esto te acompañamos. Si has vivido o conoces algún caso de violencia sexual en el Congreso, puedes escribirnos”, se lee en los afiches, los cuales fueron removidos de las paredes del Capitolio.
¿Cómo funciona el protocolo?
Se trata de un protocolo inicial que contó con la intervención de varias organizaciones de la sociedad civil en pro de los derechos de las mujeres. En su lanzamiento, la senadora detalló quiénes podrían hacer uso del mismo: “Senadores, senadoras, representantes a la Cámara, servidores públicos, contratistas, personal de la Policía y de seguridad, practicantes, pasantes y judicantes, y personal tercerizado como mujeres que trabajan en los servicios generales del Congreso de la República”.
En términos de prevención, la senadora aseguró que se hará pedagogía sobre estos actos y que será obligatoria una inducción sobre el tema si se entra a trabajar en el Congreso de la República.
A su vez, existen medidas de “empoderamiento” para las personas denunciantes, con el fin de que existan espacios seguros para elevar las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia.
Otro punto importante es la no revictimización para las mujeres que se encuentran en proceso de denuncia. “Lo primero es la confidencialidad, el manejo de la información y toda la ruta, que brinde empoderamiento y sentimiento de seguridad”, agregó Pizarro.
“La denuncia no solo la puede hacer la víctima, sino también personas que en su entorno tengan información o que sepan que este tipo de situaciones se están presentando. El objetivo final es la denuncia penal y que hayan consecuencias, que existan condenas contra aquellos y aquellas que hayan incurrido en el delito”, informó la senadora Pizarro.