El Gobierno nacional gastó cerca de 340 millones de pesos, a comienzos de año, en la organización de los llamados ‘balconazos’ del presidente Gustavo Petro y las ceremonias de presentación de algunas de las reformas, realizadas en la Plaza de Armas.
La organización de estos eventos estuvo a cargo de Plaza Mayor Medellín, una organización especializada en logística.
Según pudo constatar SEMANA, todo parece indicar que estos eventos, al igual que los ‘balconazos’, seguirán; pues el Departamento Administrativo de la Presidencia acaba de renovar el contrato con Plaza Mayor por un valor de 6.809 millones de pesos, de los cuales 984 millones serán para el “grupo de eventos de la jefatura de despacho presidencial”, que es el encargado de organizarle estos eventos al jefe de Estado.
Pero este no es el único proceso que se encuentra abierto por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que tiene que ver directamente con el jefe de Estado. Esta revista conoció que también se abrió convocatoria para intervenir el lago de la hacienda presidencial de Hatogrande, ubicada en Sopó, Cundinamarca, propiedad de la entidad.
“Entre las sedes de la entidad se encuentra la Hacienda Hatogrande, la cual cuenta con un lago con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados y que presenta un deterioro acelerado del cuerpo de agua, dado una serie de factores”, argumentó el Dapre en el documento en el que justifica la inversión.
Por ello, según detalla la entidad, se necesita contratar el mantenimiento e intervención del lago, con el fin de lograr una restauración, estabilización y mantenimiento general del mismo.
Con el fin de llevar a cabo esta intervención se invertirán por parte del Dapre 172.298.000 pesos
La Hacienda de Hatogrande es una residencia campestre que generalmente es utilizada por los presidentes de la República para sostener encuentros más privados con su equipo de gobierno y también con personalidades que vienen del exterior.
Camionetas
Igualmente, la semana pasada, SEMANA reveló un proceso de contratación que abrió la Presidencia de la República para adquirir 11 nuevas camionetas blindadas para fortalecer los esquemas de protección tanto de los altos funcionarios de la entidad, como del presidente Gustavo Petro.
Para la adquisición de estas 11 camionetas, la Presidencia de la República, según se detalla en el proceso de contratación, destinará 5.836.710.524 pesos, de los cuales 4.275 millones serán para vehículos blindados grado III y 1.560 millones para camionetas blindadas grado IV.
Según indican los documentos publicados por el Dapre, conocidos por esta revista, la idea es el “fortalecimiento del esquema de seguridad del señor presidente de la República y altos funcionarios de la entidad”.
“El Grupo de Transportes del Área Administrativa, en aras de garantizar el servicio de transporte que cumpla con las condiciones de seguridad, en virtud del riesgo y el cargo del señor presidente de la República y su familia, la señora vicepresidenta y los altos funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República requiere renovar el parque automotor”, señala el documento.
Un hecho que llama la atención es que el principal argumento para hacer esta compra de nuevas camionetas es que durante el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) se sacaron de circulación 30 camionetas, de las cuales solo 15 fueron reemplazadas.
Es decir, durante esa administración se produjo una disminución en el número de camionetas blindadas al servicio de la Presidencia, pero ahora, de acuerdo con el Dapre, se requiere comprar nuevos vehículos para compensar esa disminución.
“En los años reportados allí (2018-2022) se sacaron de servicio 30 vehículos blindados y solo se han adquirido 15″, detalla.
De acuerdo con la Presidencia, esto generó “insuficiencia de vehículos blindados disponibles”.