La decisión del Consejo de Estado de tumbar la personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana, que dirige el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, generará un fuerte coletazo a varias colectividades en Colombia, en su mayoría del Pacto Histórico.
Según el máximo tribunal, el Consejo Nacional Electoral le reconoció la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, entre otras razones, porque argumentó que hizo parte de la coalición del Pacto Histórico que obtuvo en las elecciones parlamentarias 20 senadores y más de 15 representantes a la Cámara, es decir, más de 3% de los votos válidos en las elecciones al Congreso.
Sin embargo, en su providencia, el Consejo de Estado aseguró que las coaliciones políticas deben hacerse exclusivamente entre movimientos o partidos políticos con personería jurídica. Es decir, quita de tajo la posibilidad de que un movimiento se convierta en partido así obtengan amplias mayorías en las urnas.
“Las razones que sustentan esta decisión proceden de la infracción del Artículo 108 de la Constitución Política, a la que se llegó por desconocimiento del requisito ordinario allí previsto para obtener el comentado atributo y la aplicación incorrecta de excepciones incorporadas por la jurisprudencia. Además, se constató la aplicación indebida del principio de igualdad, pues el CNE tomó como referente colectividades cuya situación no era equiparable a la de Fuerza Ciudadana. De ahí que el acto acusado también esté viciado de falsa motivación, de acuerdo con los argumentos desarrollados previamente”, se lee textualmente en la providencia.
Este fallo, sin duda, genera un efecto dominó y podría llevar a que otros partidos políticos pierdan, eventualmente, su personería jurídica porque la obtuvieron en el CNE con el mismo argumento de Fuerza Ciudadana.
Entre ellos, Independientes, la colectividad del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Aunque en su solicitud, el exmandatario paisa argumentó que él había ganado la alcaldía de Medellín y el senador Álex Flórez había obtenido su curul tras inscribirse por su grupo político, también expresó en la solicitud al CNE que la coalición del Pacto Histórico, de la que él hace parte, obtuvo amplias mayorías en el Congreso.
Igual ocurrió con el partido político Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López.
Y la casa política en Marcha de Juan Fernando Cristo, Lucho Garzón, Guido Echeverry, entre otros, quienes argumentaron al Consejo Nacional Electoral varias razones para obtener la personería jurídica, entre ellas, que uno de los requisitos para constituirse como agrupación política, es la obtención de un umbral correspondiente al 3 % de los votos válidos, una cifra que, según ellos, la cumplió la coalición del Pacto Histórico de la que hicieron parte. Recordemos que la coalición Verde y Centro Esperanza obtuvo 1.958.369 votos.
SEMANA conoció que en los pasillos del Consejo Nacional Electoral no descartan que el partido Creemos, del que hace parte hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también corra con la misma suerte.
La razón obedece a que uno de los argumentos del líder paisa para obtener su personería jurídica es la consulta interpartidista de la coalición presidencial Equipo por Colombia, donde obtuvo más de 3.987.000 votos, de los cuales el antioqueño consiguió más de dos millones, lo que lo convirtió en el candidato oficial de la centroderecha.
También se tienen dudas, al menos hasta la tarde de este jueves 7 de marzo, sobre la suerte del Partido Soy porque Somos, de la vicepresidenta Francia Márquez.
Al fin y al cabo, el Consejo Nacional Electoral cuando tomó la decisión de otorgar personería jurídica a su movimiento, argumentó: “Como consecuencia de los resultados obtenidos por el Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de la República, los partidos políticos con personería jurídica conservaron dicho reconocimiento al haber superado el umbral previsto en el artículo 108 de la Constitución. En el mismo sentido, las organizaciones políticas que hicieron parte de la coalición tienen derecho a recibir este reconocimiento como una medida eficaz y necesaria para garantizar el principio de igualdad entre todas las organizaciones políticas”.
Por ahora, todas las casas políticas en eventual riesgo alistan su artillería jurídica para no dejarse tumbar sus personerías jurídicas que les garantiza recursos económicos y un cupo en las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2026.