No para la controversia. A la discusión que se generó en el país por la posibilidad de darle indulto a miembros de la “primera línea”, disposición que ya fue eliminada, se suma ahora una nueva polémica: el llamado proyecto de ley de “paz total”, que es la prórroga y modificación de la Ley 418 o de orden público, permitiría crear nuevos impuestos en el país.

La iniciativa, en principio, busca darle algunas herramientas al Gobierno nacional para que avance en procesos de paz con grupos armados ilegales que tengan un origen político y dejar sentado que la búsqueda de la paz en el país será una política de Estado que trascendería a los gobiernos de turno.

Esta ley de orden público es prorrogada cada cuatro años por los gobiernos, pero, en este caso, está siendo aprovechada también para dejar las bases de la búsqueda de la paz total que propone la administración de Petro.

Sin embargo, la polémica se desató por cuenta del artículo 12 de la iniciativa , que señala que los departamentos podrían imponer un “impuesto de seguridad y convivencia ciudadana” y los municipios una “sobretasa al impuesto predial”.

“Los departamentos podrán, a través de las Asambleas Departamentales, adoptar el impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana. El hecho generador es el beneficio por la mejora en las condiciones de seguridad y convivencia del territorio y se cobrará como conexo al servicio público domiciliario que defina la correspondiente Asamblea Departamental, así como los sujetos pasivos, la base gravable y las tarifas que serán establecidas por estas corporaciones públicas territoriales. Los recursos recaudados por este tributo serán invertidos a través de los fondo - cuenta territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, señala la iniciativa.

Pero el tema va incluso más allá, pues el texto señala que “este artículo (el de los nuevos impuestos) no estará sometido a la vigencia de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que será de carácter permanente”.

El hecho fue puesto en evidencia por el representante de la U, Víctor Salcedo, quien señaló que no apoyará esta disposición, no sólo porque se le imponen nuevas cargas al ciudadano, sino porque mientras en el Presupuesto General de la Nación para 2023 se le quitan recursos significativamente al sector defensa, “se quieren crear nuevos impuestos para condiciones de seguridad y convivencia”.

“¿Por qué el Gobierno nacional redujo en 800 mil millones de pesos el presupuesto al sector defensa para 2023, pero busca mediante la ley de paz total crear nuevos impuestos a los ciudadanos como fuente presupuestal para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia?”, se preguntó el congresista.

Salcedo propuso que se contemple el uso de bienes y recursos de los grupos armados organizados al margen de la ley y de las estructuras armadas de crimen de alto impacto, que, como dice el proyecto, harán tránsito al Estado Social de Derecho, como fuente presupuestal para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia del territorio y así evitar el cobro de una sobre tasa al impuesto predial.

El representante anunció, además, que solicitará a los ponentes que otorguen claridad sobre si el proyecto de paz total se trata de una política de paz del gobierno Petro o una política de paz del Estado colombiano. Por ejemplo, en el artículo 1 del proyecto se lee: Esta ley tiene por objeto definir la política de paz de Estado.

Para el congresista, la diferencia está en la vigencia que tendría la política de paz total en el tiempo y en la forma como se tramita el proyecto al interior del Congreso, “pues si estamos hablando de una política de Estado tendríamos que tramitar el proyecto como un acto legislativo, una modificación a la Constitución y no una ley ordinaria como la que se presentó al Congreso y, por otra parte, una política de Estado trasciende los gobiernos, es decir que en 4 años cuando sea elegido otro gobierno, estaría amarrado a las disposiciones del proyecto de paz total”.