María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, es hoy una de las políticas más influyentes en la Agencia Nacional de Tierras (ANT). No solo enarbola las banderas de la reforma agraria en el Congreso, con el fin de que el Estado pueda entregar predios a quienes no los tienen, sino que desde su escritorio, presuntamente, ha logrado influir en nombramientos en esa entidad.
Dada su ascendencia en el Gobierno de Gustavo Petro, a quien le impuso la banda presidencial el 7 de agosto de 2022, la senadora habría contribuido a la llegada de Juan Felipe Harman a la dirección nacional de la ANT, en febrero de este año.
El aterrizaje de Harman a la entidad desató un revolcón en las direcciones regionales. Políticos del Pacto Histórico y cercanos al director nombrado empezaron a ubicar sus cuotas, tal como ocurrió con la exgerente étnica en la Alcaldía de Daniel Quintero, Farlin Perea, quien ahora lidera la Unidad de Gestión Territorial en Antioquia, desde donde se imparte la política agraria para los tres departamentos del Eje Cafetero y Chocó.
En la ANT hay funcionarios que han estado adscritos a diferentes sectores políticos, como quienes le hicieron campaña a Petro en 2022, o los mismos estrategas que acompañaron a Harman en su periodo como alcalde de Villavicencio y que luego terminaron trabajando en asuntos de tierras, a pesar de que su experiencia era otra.
Sin embargo, la senadora Pizarro es una de las congresistas más fuertes en esa oficina, junto a otros renombrados legisladores del Pacto Histórico. Pizarro logró ubicar en la ANT a su enlace político en Antioquia, John Edisson Ramírez, con un contrato de 50.416.000 pesos por siete meses.
Ramírez es el encargado de la prestación de servicios para el grupo de diálogo social de ese despacho, fue concejal del municipio de Marinilla y también candidato a la Alcaldía de ese municipio del oriente de Antioquia por el Pacto Histórico. Además, es uno de los políticos de la región que está convencido de la candidatura de María José Pizarro a la presidencia.
John Edisson acostumbra a compartir publicaciones de la senadora en su cuenta de X, un perfil en el que la legisladora que está buscando la candidatura de la izquierda a la Casa de Nariño y los asuntos de la ANT son los más replicados. Una fuente conocedora de la entidad contó que, incluso, él se ha presentado como enlace político en entornos netamente laborales en los que deberían tratarse los asuntos de tierras y no las conversaciones que se adelantan para 2026.
Si bien Ramírez es el principal enlace, hay otros nombres que se han vuelto determinantes para la divulgación de la agenda política de la senadora, como el de Óscar Manuel Cárdenas Avendaño, un sociólogo de Dabeiba. SEMANA accedió a una lista con 11 nombres de funcionarios que habrían llegado a la ANT por su conexión política con la senadora Pizarro y el funcionario Ramírez.
Otro nombre clave es el de José Luis Marín, concejal de Medellín, más conocido en las filas de la izquierda como AquinoTicias, quien se eligió en la lista del Pacto Histórico. Si bien no está vinculado con la ANT, sí acompaña a la senadora en sus reuniones en la ciudad y es cercano a los funcionarios que están en la unidad de gestión territorial en Antioquia.
La senadora Pizarro estuvo en Medellín el pasado jueves 3 de octubre para un congreso de las cajas de compensación y aprovechó su visita para pasar por la Comuna 13 y reunirse con los liderazgos del Pacto Histórico. En la fotografía de ese encuentro quedaron retratados siete empleados de la ANT. En la imagen se aprecia a los funcionarios públicos sostener un cartel en el que se lee “Una mujer será” con el retrato de Pizarro.
La congresista respondió a estos señalamientos en un cuestionario enviado por SEMANA, cuyas respuestas pidió replicar en su totalidad.
En ellas, la legisladora sostiene “que en una entidad, sea cual sea, haya personas de las bases del proyecto político y provenientes de los procesos sociales trabajando, no las hace cuotas políticas, ni indignas para ocupar un cargo en el Gobierno que apoyaron. Si no es con la gente de los territorios, ¿con quién puede gobernar el presidente? ¿Con quienes sean afines del proyecto político de la derecha?”.
A renglón seguido, agregó: “Yo no tengo lo que ustedes llaman ‘cuotas políticas’, ni en la Agencia Nacional de Tierras, ni en ninguna otra entidad. Este Gobierno se ha esforzado por rodearse de sus gentes, de personas capaces, honestas y probas, que hacen su trabajo en distintos organismos estatales. De eso se trata el buen Gobierno: de hacerlo con las personas más competentes, idóneas y absolutamente comprometidas con cumplir el programa de Gobierno del Cambio que eligieron los colombianos”.
Finalmente, defendió la labor de la ANT aseverando que “sin expropiar a nadie, la Agencia Nacional de Tierras está logrando unas metas que no tienen precedentes y que superan, y ampliamente, lo hecho por esta entidad históricamente. Llama la atención que precisamente, cuando la Agencia demuestra resultados, como la entrega de más 180.000 hectáreas de tierras a campesinos víctimas de la violencia, empieza a ser objeto de ataques infundados de sectores políticos y económicos. Parece que no les gustara que las tierras que los paramilitares les robaron a los campesinos sean devueltas a sus legítimos propietarios para que las trabajen de manera sostenible y desarrollen sus proyectos de vida en condiciones dignas. Parece que les doliera que la Agencia Nacional de Tierras funcione”.
¿Hay cuotas políticas de la congresista en la ANT? El director de esa entidad, Harman, respondió: “Evidentemente, hay gente que forma parte de la Agencia Nacional de Tierras que tiene convicciones políticas, y para entrar a la Agencia, sin duda alguna, necesitamos que crean en la reforma agraria como proyecto nacional. Pero de ahí a que partan de un grupo político, eso no tiene el mayor sentido del caso”.
El director Harman es señalado de liderar una purga de personal en la entidad, cuando desde mediados de este año decidió no renovar los contratos por prestación de servicios que ostentaban quienes formaron parte de la administración de su antecesor, Gerardo Vega, para entregarlos a nuevos profesionales.
Precisamente, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una indagación previa a la entidad por ese presunto uso irregular de los convenios con los contratistas.
Quienes trabajan en esa entidad relatan que la planta de personal se renovó casi en el 80 por ciento porque se dieron por finalizados los contratos anteriores para fichar nuevos perfiles, la mayoría con acuerdos contractuales que no superan los seis meses y que finalizarán el 31 de diciembre. Esa rotación de personal es lo que, según fuentes en la ANT, ha permitido que políticos incidan en la contratación de personal en una entidad que, en 2024, tiene un presupuesto cercano a los 5 billones de pesos.