En las últimas horas, la alta comisionada de la organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en medio de una conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, se refirió a su labor durante cuatro años, que llegará a su fin el próximo 31 de agosto, según confirmó la misma expresidenta de Chile.

Bachelet expresó que, según ella, “los tres principales problemas han sido el profundo impacto de la pandemia de covid-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático y las repercusiones de las crisis alimentarias, de combustible y financieras que ha ocasionado la guerra contra Ucrania”.

Además de ello, la alta comisionada también habló sobre las el cambio en la política de drogas, afirmando que “este mes en Colombia, la administración entrante se ha comprometido en cambiar su enfoque en la política de drogas, de una óptica punitiva a una más social y de salud pública. Atendiendo una de las causas profundas de la violencia en Colombia”.

La expresidenta de Chile aseguró que este enfoque “podría ser instrumental para proteger de mejor manera los derechos de los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas y de las personas que usan drogas, tanto en Colombia como de manera global. Mi Oficina ha estado abogando ―de manera global― por una política de drogas con enfoque de derechos humanos y está preparada para ayudar”.

Esto, debido a que en el país se ha hablado recientemente sobre la legalización de las drogas, especialmente cannabis y cocaína, pues varios senadores y representantes han insistido en modificar la política en cuanto al tema, mientras que otros se han manifestado en contra.

Entre ellos está el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien el pasado 5 de agosto radicó el proyecto de ley que busca establecer el marco regulatorio del cannabis de uso adulto o recreativo. Con esto, el miembro de la bancada de gobierno propone crear normas para cultivo, producción, abastecimiento, almacenamiento, transformación, comercialización, acceso y uso de la planta psicotrópica.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que “la izquierda no solo busca que se legalice la marihuana con fines recreativos, sino que pretende convertir el Ministerio de Salud en importador y vendedor de sustancias estupefacientes”.

Asimismo, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, aseguró que el presidente Gustavo Petro: “Aparte del 19 % de IVA, le clava un impuesto del 10 % adicional a las gaseosas, Chocorramo, golosinas, papitas y más productos, porque son ‘dañinos’, pero apoya las drogas”.

De otro lado, Julián Tobar, CEO de ExpoCannabiz, manifestó que “aunque es muy valiosa la apreciación del presidente Gustavo Petro, el pensar en comercializar el cannabis al mismo nivel del maíz y del arroz, daña las perspectivas de un negocio lucrativo, estoy de acuerdo en que es un negocio que debe ser más incluyente y de esta manera fortalecer a los grupos indígenas y pequeños cultivadores como lo somos el 90 % de los que tenemos licencia de pequeño cultivador”.

Y agregó que “no podemos desconectarnos de la realidad, ya que no existe la suficiente demanda para poder pensar en hacer algo sin licencias, también tenemos que tener en cuenta el sacrificio que han hecho muchos cultivadores e inversionistas nacionales, como tampoco podemos desconocer el capital extranjero que ha sido tan valioso para desarrollar proyectos nacionales en este nuevo negocio ‘El oro verde’ ”.

“Estoy completamente de acuerdo en bajar los costos de los permisos o licencias. Legalizar el consumo y uso adulto y así generar también otros modelos de negocio que sean amigables a este tipo de clientes consumidores de cannabis recreativo”, agregó.

Asimismo, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo expresó a SEMANA que “legalizar ese problema y sacar el conflicto es eliminar al traqueto, eliminar al jíbaro, eliminar la olla, para que la gente pueda tener a futuro coffe shops y clubes para fumar marihuana, desmitificar el cuento y cobrar impuestos”.