El senador Miguel Uribe Turbay, uno de los férreos opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmó que promoverá un nuevo debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por la decisión del mandatario de asumir el control de los servicios públicos domiciliarios.

Mediante el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, el presidente de Colombia retomará, durante tres meses, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como lo ampara la Ley 142.

Pese a que el presidente Petro ha asegurado que su interés con retomar tales funciones obedece a la búsqueda de establecer tarifas justas en los servicios públicos, la noticia no cayó bien en un sector de la oposición, así como en algunos gremios, dado que, a su juicio, esto debilita la institucionalidad.

El presidente Gustavo Petro ya había vaticinado que tomaría el control de los servicios públicos y este 16 de febrero, mediante un decreto, lo confirmó. | Foto: Juan Carlos Sierra

“Las señales anunciadas recientemente de retomar las funciones de regulación de los servicios públicos domiciliarios debilitan la institucionalidad y con ello ponen en riesgo la confianza de los agentes prestadores de estos servicios para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias para garantizar los mismos”, se lee en una misiva de las asociaciones del sector de energía y gas, apenas unos días atrás.

Y este jueves 16 de febrero, el senador Miguel Uribe se refirió a las implicaciones que puede traer esta medida para Colombia, entre ellas, dejar a los ciudadanos sin luz, según él.

En una grabación publicada en Twitter, sustentó por qué rechaza que el presidente Petro asuma el control de los servicios públicos domiciliarios, y, además, advirtió a la jefe de la cartera de Minas y Energías para que rinda cuentas en el Congreso.

Marchantes en Barranquilla contra presuntos abusos y cobros excesivos de las tarifas de energía. | Foto: Red de Apoyo

“Con la decisión de intervenir la Creg, el presidente Gustavo Petro está creando la tormenta perfecta para dejarnos a los colombianos sin luz. Además, pone así en riesgo del país y comprueba nuevamente la ineficiencia de la ministra Irene Vélez, que debe ser removida inmediatamente de su cargo, y es por eso que vamos a promover la moción de censura en el Senado”, expuso.

Miguel Uribe también manifestó: “Al intervenir el marco regulatorio de los servicios públicos, pone en riesgo el perfil crediticio de las empresas de servicios públicos y viola por completo la institucionalidad e independencia técnica del sector”.

Vélez ya había salido victoriosa en un debate de moción de censura

En noviembre pasado, la ministra Vélez ya había sido convocada a moción de censura, solo que en la Cámara de Representantes, donde respondió por las declaraciones en torno a los contratos de exploración y explotación petrolera en el país, dado que supuestamente repercutieron en la economía del país, según un sector de la oposición.

Pese a estas denuncias, la ministra salió victoriosa de la votación del recurso. Desde el Pacto Histórico, la Alianza Verde, La U y el Partido Liberal salieron a defender a la ministra y le aseguraron su respaldo en la votación de este martes, con lo que se decidió que Vélez sigue en su cargo.

Moción de censura Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, el pasado noviembre. | Foto: GUILLERMO TORRES

Según el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, la función de la moción de censura se describe así:

“Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo”.