Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio del Interior, se refirieron a los hechos de violencia que se registraron en las últimas horas en el estadio Pascual Guerrero. Algo que se ha criticado ha sido la baja presencia de uniformados de la Policía para controlar la situación, aunque algunos cuestionaron al Gobierno por este hecho, ellos responsabilizaron a los equipos.
“Frente a desinformación que señala que esta reducción es resultado de una decisión del gobierno, el Ministerio del Interior aclara que la misma responde a una sentencia de la Corte Constitucional e insta a los equipos a dar cumplimiento a los requerimientos en materia de logística”, aseguraron.
Desde el Ministerio del Interior afirmaron que la reducción progresiva de miembros de la Policía Nacional en los estadios no es una decisión unilateral, sino que ha sido una medida concertada para dar cumplimiento a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional.
“Esta sentencia establece la optimización de los recursos en eventos masivos y asigna a los organizadores de espectáculos privados la responsabilidad de garantizar la seguridad al interior de dichos eventos”, afirmaron.
Mencionaron que esta medida fue presentada y discutida en la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol que se realizó el 4 de abril y en la que participaron la Policía, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.
Y que entre octubre y diciembre se realizaron 5 comisiones técnicas de seguridad en las que participaron representantes de clubes profesionales y otros agentes del sector.
En esa estrategia se dijo que en el 2024 se implementaría una reducción del 45% del acompañamiento policial y que sería gradual en los años siguientes. Para el 2025 sería del 60%, para 2026 del 70% y para 2027 del 80%.
Otro punto que se trató en esa estrategia es que se implementaría seguridad privada y tecnología a través de las empresas de vigilancia apoyadas por tecnologías como detectores de metales. Y que las seguridad dentro de los estadios deberá estar a cargo de ellos, mientras que la Policía tendrá entre sus funciones el registro externo de personas y otras acciones que requieran su intervención para preservar el orden público.
Un compromiso adicional que se hizo en ese consejo en materia de seguridad es que se estableció que la Policía debe enfocar esfuerzos en la seguridad y convivencia ciudadana en el ámbito nacional, priorizando actividades preventivas, de control y de investigación criminal.
En el caso de las empresas privadas de logística deberán encargarse de la acomodación de los estadios, mientras que las de vigilancia de la seguridad al interior de los mismos, dice el Ministerio del Interior. “La Policía continuará interviniendo en situaciones que requieran control del orden público”, aseguraron desde esa cartera.
El acompañamiento de las delegaciones y los directivos deberá ser gestionado por las autoridades locales según las necesidades que se requieran.
“La implementación de este protocolo ha sido resultado de un análisis técnico y deliberaciones con todos los actores involucrados. El Ministerio del Interior reitera su compromiso con la seguridad en los eventos deportivos y con el cumplimiento de las disposiciones legales”, afirmaron desde el Ministerio del Interior.