Este lunes, el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional estallaron en júbilo por cuenta de la aprobación del Congreso, en último debate, del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú.
Este pacto internacional ya había sido firmado por Colombia previamente, pero para ponerse en marcha en el territorio debía ser aprobado por el Congreso de la República, como ocurre con todos los tratados que se firman con otro países.
Este es un acuerdo que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe para fortalecer cinco aspectos medioambientales en los que deben trabajar en conjunto: proteger a los defensores del medioambiente; garantizar los mecanismos para evitar vulneraciones de derechos en materia medioambiental o para exigir justicia si suceden; participación de las comunidades en asuntos ambientales que generan afectaciones en los territorios: acceso gratuito y público a la información medioambiental, para que las personas conozcan sobre la calidad del aire, el agua, etc.
En otras palabras, pretende que la sociedad civil sea más fuerte en la política ambiental, haciéndola más participativa.
Sin embargo, a medida que han pasado las horas, han ido saliendo a la luz algunas de las consecuencias de este tratado internacional, que si bien implicaría un avance en materia ambiental, también lleva al país a hacer algunos ajustes en materia en normativa sobretodo para proyectos de infraestructura.
Así lo detalló la ministra de Ambiente, Susana Muhamada, quien manifestó que incluso un proyecto como el del tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla, que fue promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, se podría ver afectado.
La ministra explicó que, de concretarse el proyecto, implicaría una concertación social, regional y nacional de los beneficios que tendría el proyecto, pues con el Acuerdo de Escazú, la participación de las comunidades en los proyectos de licenciamiento ambiental será obligatoria.
“Eso merece una discusión pública, con toda la información. Es un compromiso y merece la información clara de la sociedad para tomar esa decisión. ¿Pasaría ese proyecto por comunidades étnicas? Eso no es solo por Escazú, pasaría por consultas previas”, dijo Muhamad, en diálogo con Blu Radio.
La funcionaria del gobierno Petro fue clara: “Lo que necesitamos hacer en el país es una planificación mucho más rigurosa y una concertación mucho más temprana; cuando llegamos al punto de la licencia ambiental ya es muy tarde porque ahí ya hay concesiones, contratos y obligaciones. Por eso la planificación debe hacerse temprano”.
En todo caso, la ministra ha explicado que, más allá de las discusiones sobre infraestructura, este es un hito histórico para Colombia, pues con este Acuerdo se fortalecería la protección de defensores ambientales, así como de pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros. Además, también contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.
“Este es un triunfo de la juventud y esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”, aseguró la alta funcionaria.
Asimismo, de acuerdo con la ministra, una de las prioridades del Acuerdo de Escazú es garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.
“Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, resaltó.