Este lunes 18 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se sinceró. El funcionario reconoció una de las peores herencias que dejará al siguiente gobierno el mandato del presidente Gustavo Petro: la inseguridad.
“El gobierno del cambio termina el 7 de agosto de 2026, después del 7 de agosto de 2026, sea cual sea el gobierno que llegue, va a encontrar unos problemas de seguridad serios en el país, independientemente de lo que logremos avanzar ahora y eso hay que reconocerlo. Y tenemos que mirar los colombianos, todos, cómo enfrentar esas nuevas manifestaciones de violencia, cómo combinar las negociaciones de paz con aquellos que quieren desmovilizarse y desarmarse con el fortalecimiento de una política de seguridad integral”, dijo Cristo en medio del foro ‘Reincorporación: un camino hacia la paz total y la no repetición’.
El jefe de la cartera del Interior también destacó que para nadie es un secreto que el país está atravesando serias dificultades fiscales “con recortes presupuestales, la no aprobación de la Ley de financiamiento, con la disminución del recaudo, el aumento del endeudamiento en los últimos años que se hizo como consecuencia de la pandemia y eso ha generado unos temas fiscales que no podemos permitir”.
A propósito de la delicada situación de inseguridad que atraviesa el país en varias zonas del país, en días pasados el ministro Cristo dijo en medio del Congreso de Camacol que la orden del presidente Petro es seguir enfrentando con contundencia el accionar violento de los criminales.
“Hay una situación de confrontación permanente con riesgo para nuestros soldados y policías. Lamentamos el atentado en El Plateado, la muerte de nuestro soldado y lo que está sucediendo en Nariño, o en Jamundí. Aquí la orden del presidente de la República a las fuerzas militares es clara, los que persisten en el accionar violento contra la población civil, contra la Fuerza Pública van a seguir siendo enfrentados”, dijo Cristo tras el atentado con una motobomba que ocurrió recientemente en el corregimiento de El Plateado, en el Cauca, y que dejó un militar muerto.
Por lo tanto, el objetivo es “persistir en esa recuperación del control territorial, especialmente en zonas del Cauca y Nariño”.
Y no es para menos. Desde 2022 hasta la fecha, el Cauca ha sido escenario de un incremento alarmante de homicidios, con un total de 3.203 registrados. Este brutal fenómeno, que ha generado pavor en ese territorio, tiene un principal responsable: las disidencias de las Farc, grupos armados ilegales que operan en diversas zonas de esa región.
A lo largo de los últimos tres años, la violencia ha cobrado una cantidad desproporcionada de vidas, y la población caucana ha sido víctima de una guerra interminable entre estos grupos que se disputan el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y territorios estratégicos.
Las autoridades han señalado a las disidencias de las Farc como los actores principales de dicha espiral de muerte. Estas estructuras armadas, que aún mantienen una presencia significativa en el sur del país, continúan sembrando el terror en el Cauca, un territorio históricamente afectado por el conflicto armado.