El ministro de Defensa Iván Velásquez ha sido cuestionado por la situación de violencia que se vive en el país y la arremetida de los grupos armados en contra de la Fuerza Pública y Militar y en contra de los ciudadanos de distintas regiones del país. El alto funcionario del Gobierno deberá responder por esa responsabilidad política ante la Cámara de Representantes.
El congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, presentó una citación para que el ministro Velásquez responda en medio de una moción de censura que tendrá que capotear el Gobierno. El representante del Centro Democrático reclama que no se ha atendido la situación de orden público y que Velásquez es el responsable.
“Tiene que responder por la crisis de orden público y por los atentados terroristas de las organizaciones con las que el Gobierno está negociando”, afirmó el congresista.
Una de las razones de Uscátegui para presentar la citación es que en los últimos meses 12 alcaldes de distintos municipios del país han tenido que terminar sus periodos porque fueron desplazados por los grupos armados al margen de la ley.
Para Uscátegui, Velásquez “tiene que responder por la crisis de orden público, por los atentados terroristas de esas organizaciones con las que el Gobierno está negociando y por el crecimiento de las hectáreas cocaleras, que ya amenaza con un paro cocalero”.
Otro de los temas por los que será cuestionado el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes es porque supuestamente habría redes de contrainteligencia de Venezuela que estarían operando en el país y que estarían persiguiendo a opositores y a ciudadanos.
Por ahora no hay una fecha confirmada de cuándo se podría llevar a cabo este debate, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, deberá ser quien cite en las próximas semanas. Primero se dará el debate y luego la votación para determinar si Velásquez sigue en el cargo.
El ministro ha sido responsabilizado por las situaciones de orden público, especialmente tras los violentos ataques por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, con las que estaba negociando el gobierno Petro. Esta guerrilla impactó a la Fuerza Pública y la sociedad civil de municipios como Caldono, Piamonte, Toribío, Cajibío o Suárez, en los que se han registrado la muerte de varios soldados y civiles en las últimas semanas.
No se trata del único ministro del Gobierno que deberá enfrentar un proceso de este tipo. También han sido citadas la vicepresidenta y ministra de Igualdad Francia Márquez, el ministro de Minas Andrés Camacho y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Estas iniciativas han sido presentadas principalmente por miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático.
Uno de los argumentos para citar a la vicepresidenta es la falta de ejecución y algunos de los programas que se han implementado desde el Gobierno a través de esta cartera. Por ejemplo, cuestionan que el decreto por medio del cual se crea el programa de Jóvenes en Paz, que Petro referenció como “pagar para no matar”, no dispone de un mecanismo claro que garantice la custodia de los menores. Estos jóvenes están recibiendo un millón de pesos para no delinquir.
Otro de los que será citado al Congreso será el ministro de Minas Andrés Camacho por la crisis de Ecopetrol y las tarifas de energía en el país que no se ha podido solucionar. Asimismo, será citado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el modelo que se ha implementado en la salud de los maestros que ha sido cuestionado y que ha generado reclamos por parte de los pacientes.