El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció sobre la persistencia en el país de las denominadas “terapias de conversión” a las cuales calificó como una “estafa” y una “burda manipulación” en contra de las personas que enfrentan miedo y discriminación.
Según Osuna, estas terapias no solo son ineficaces, sino que también pueden ser perjudiciales y, en algunos casos, pueden ser consideradas como tortura.
“A mi modo de ver, una estafa, una burda manipulación de personas que tienen temor, de personas que han sido discriminadas, pero cuando son forzadas, en virtud de la violencia que esas terapias suponen para las personas que se someten a ellas, se pueden tipificar como tortura y hay instrumentos internacionales que ya hablan de que esas terapias, cuando son forzadas, son tortura”, declaró el ministro en Radio Nacional de Colombia.
En la actualidad, Colombia cuenta con protocolos diseñados para prevenir los crímenes de odio dirigidos contra la población Lgbtiq+, sin embargo, las cifras de violencia y discriminación aún son alarmantes. Según los datos de Medicina Legal, hasta julio de este año se han registrado 32 homicidios, 1.702 agresiones y 18 desapariciones relacionadas con miembros de esta comunidad. De otra parte, organismos internacionales han condenado estas terapias cuando se aplican de manera forzada.
Además de referirse al tema de las terapias de conversión, el ministro Osuna enfatizó en la necesidad de garantizar los derechos de los miembros de la comunidad Lgbtiq+ en otros ámbitos, incluyendo el sistema penitenciario. Según los datos disponibles hasta el 2021, había aproximadamente 1.949 personas que se autorreconocían como Lgbtiq+ en las cárceles colombianas.
Por este motivo, el titular de la cartera de Justicia resaltó la necesidad de garantizar que las personas con identidades sexuales diversas no sean discriminadas ni estigmatizados en el sistema penitenciario.
Uno de los puntos que abordó con énfasis el ministro Osuna es la situación de los sitios de visitas conyugales en las cárceles colombianas, señaló que, aunque estos espacios son importantes para el bienestar de los reclusos, su calidad es, en muchos casos es deplorable.
Además indicó que estos espacios deben ser inclusivos y respetuosos de la diversidad de la población Lgbtiq+. Para muchos, una visita conyugal es más que un encuentro íntimo; es un momento para conversar, mantener vínculos familiares y sociales, y mantenerse conectados con sus seres queridos. Por lo tanto, estos lugares deberían ser adecuados y considerar las necesidades y realidades de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia alrededor de 501,000 personas reportan una orientación sexual o identidad de género diversa. Datos que reflejan la importancia de garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tengan igualdad de acceso a los derechos y protecciones por parte de el Estado.
Las estadísticas de violencia y discriminación también muestran una realidad preocupante. Hasta julio de este año, 13 personas de la comunidad Lgbtiq+ han perdido la vida, 733 han sufrido violencia interpersonal, 385 han sido víctimas de ataques sexuales y 295 han experimentado violencia de pareja.
En un contexto global en el que los derechos de las personas Lgbtiq+ están en constante debate y enfrentan desafíos significativos, el Gobierno busca liderar el camino en la promoción y protección de estos derechos, tema que hizo parte de sus banderas de campaña.
El reconocimiento de la ineficacia y el daño de las terapias de conversión, junto con el llamado a garantizar la igualdad de derechos en el sistema penitenciario, para muchos son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, es esencial que estas declaraciones se traduzcan en acciones concretas y políticas públicas efectivas y no se queden en meros anuncios.