La Defensoría del Pueblo ha insistido en que no hay garantías para que se desarrollen las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. Esa alerta también fue elevada por alcaldes y gobernadores, quienes pidieron acciones urgentes por parte del Gobierno nacional.
La Defensoría identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral. Así lo revela la Alerta Temprana 030 del 2023, que da a conocer el mapa de riesgo y los generadores de violencia. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en que están dadas todas las garantías de seguridad para que se desarrollen los comicios.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló este jueves al respecto. “Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ninguna parte de Colombia”, puntualizó Velasco.
En medio de todo ese escenario, se adelantó una reunión más de la Comisión de Garantías Electorales, en la que hacen presencia todas las instituciones del Estado. En esa instancia se revisa, justamente, la aplicación de los planes para blindar las elecciones de octubre. Este encuentro, sin embargo, tuvo la particularidad de que la inseguridad en el país ha aumentado y los criminales están reinando.
Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).
El equipo de la Defensoría del Pueblo también identificó que 286 municipios están en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo. Sumado con los de riesgo extremo, representan 676 municipios advertidos en 2023. Para estas elecciones, aumentó 39 % el número de municipios en riesgo, en comparación con los comicios regionales de octubre de 2019, es decir, 274 municipios más.
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones.
Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56 % en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.
“Desde la Defensoría del Pueblo, consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el defensor del pueblo.
Esta petición va acompañada de lo consignado en la Alerta Temprana Electoral, cuyo fin consiste en que el Estado cope institucionalmente el territorio colombiano, establezca reglas claras en los diálogos bilaterales con los grupos armados organizados al margen de la ley y, finalmente, haya celeridad en la ejecución de los planes de acción de política pública de prevención y de protección.
El 29 de octubre de 2023, los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el periodo 2024 - 2027.
Se elegirán un total de 20,137 cargos públicos representados en 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Asimismo, 112 alcaldes y 12,072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá, así como los 6513 ediles que conformarán las juntas administradoras locales (JAL).