Este miércoles estaba todo listo para que las plenarias del Senado y la Cámara discutieran la prórroga de la Ley de Orden Público pero el debate se aplazó por falta de apoyo y una gran polémica por artículos que fueron incluidos en la ponencia.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, enumeró tres ‘micos’ o puntos que considera inconvenientes para el país y que están consignados dentro del borrador que radicó el Gobierno.
“Pretender, a través de la ley de orden público, darle facultades de indulto y amnistía al presidente Gustavo Petro para liberar a quienes de la primera línea cometieron delitos es inaceptable. Es el primer mico”, denunció Valencia.
Estas personas ―de acuerdo con la propuesta en la prórroga y modificación de la ley de orden público―, si son condenadas por cualquier delito “en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”, podrían ser indultadas por el presidente de la República. Este artículo, seguramente, será uno de los más debatidos en el Senado este miércoles.
“El segundo mico de la ley de orden público es meternos sin fast track siquiera, sino de manera automática como política pública, lo que firme el Gobierno con los criminales. Incluso, acuerdos parciales”, manifestó.
Y el tercero, según Valencia, es que la ley de sometimiento a la justicia en medio de la paz total que propone el presidente, ya no pasará por el Congreso. “Están pidiendo facultades para expedirla vía decreto. Recordemos que les ofrecen 11 meses de cárcel (a los narcos) y quedarse con el 10 % de su fortuna”, informó.
Por ello, tres ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro salieron en defensa de esa posibilidad y explicaron que son propuestas que el Congreso definirá si se incluyen o no.
El primero en defender esa propuesta fue el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien señaló que las mayorías en el Legislativo tomarán una decisión final sobre la posibilidad de facultar al presidente de Colombia para otorgar indultos.
“Actualmente está facultado para hacerlo. Se conceden rutinariamente y en el ministerio hay varios en trámite. La medida no es novedosa y por eso, quisimos ampliar la discusión para tener insumos que puedan mejorar la propuesta. Si logramos hacer un esfuerzo de concertación, podemos sacar adelante la iniciativa para que los colombianos conozcan de verdad la norma”, dijo Osuna.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también terció en la polémica y aunque aclaró que el asunto se revisará con las bancadas, el Gobierno mantendrá dicho articulado. “Como está previsto en este momento es que quienes cometieron conductas relacionadas con las protestas sociales, puedan ser designados como gestores de paz y se suspenderían las medidas de aseguramiento”.
Velásquez agregó que “los indultos operan solamente para condenados, hay una discusión que se dará la próxima semana porque algunos plantean que haya amnistías que operan para quienes están procesados. Hemos tenido conversaciones con los sectores políticos y consideramos que vamos a continuar revisando estos temas”.
Dijo que como está previsto en este momento, el artículo también incluiría a los integrantes de la fuerza pública aunque aclaró que durante el debate se podrían poner algunas excepciones.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que seguirán defendiendo la posibilidad de otorgarles beneficios a los jóvenes afectados durante las manifestaciones y advierte que estudiarán esta propuesta a fondo.
“Dañar un bien me parece que no el gran acto que amerite que la sociedad no revise la posibilidad de que haya un perdón allí, además de que habría que contextualizad adecuadamente como se va a reparar ese daño, porque creo que hay que mirar todas las partes”, sostuvo.
El ministro dijo que “un delito de violencia sexual que se haya dado en el marco de la protesta no puede ser objeto de un indulto o una amnistía, tiene que ser directamente ligado a la misma actividad de la protesta que se volvió agresiva, pero debe darse en el contexto, no es sacar una pistola y matar a otro de buenas a primeras, ni violar a alguien, ni torturar a alguien”.
Integrantes del Centro Democrático han insistido en que ese punto no se puede aprobar porque sería enviar un mensaje equivocado a la sociedad.