A través de un decreto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, declaró este miércoles, 22 de mayo, insubsistente al abogado Francisco Álvaro Ramírez, quien desde 2008 se desempeñaba como director del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon), la entidad que se encarga del manejo de las pensiones y cesantías de los congresistas y funcionarios del legislativo.
El funcionario, que luchó contra las llamadas pegapensiones, asumió el cargo en el gobierno de Álvaro Uribe, fue confirmado en el cargo por Juan Manuel santos y por Iván Duque, debido a los buenos resultados que mostró al frente de la entidad. Pero, desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, se ha buscado su salida del cargo. Primero lo intentó la exministra Carolina Corcho. Y Jaramillo, el pasado viernes, concretó la tarea.
Ese día, Jaramillo firmó el decreto por medio del cual se declaró insubsistente a Ramírez Rivera: “Declaratoria de Insubsistencia. Declarar insubsistente el nombramiento del doctor Francisco Álvaro Ramírez Rivera (...) en el empleo de Director General de la entidad descentralizada Código 0015 Grado 24, del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República”, se lee en el decreto.
Ramírez, en medio de su cruzada contra las llamadas megapensiones de los congresistas, fue uno de los impulsores de la sentencia de la Corte Constitucional (C-258 de 2013), que limita las pensiones a no más de veinticinco salarios mínimos legales mensuales (25 SMLMV), en pro de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y en búsqueda de la igualdad, solidaridad y universalidad.
Dichas acciones generaron controversia pues, desde 1 de julio de 2013, Fonprecon decidió reducir la cuantía de las pensiones de los excongresistas, argumentando cumplir con el veredicto de la Corte que busca evitar el deterioro de los principios esenciales del sistema pensional.
Antes de esa sentencia, las mesadas con las que quedaban congresistas y magistrados se liquidaban a partir de los 40 y hasta los 45 salarios, en un país en el que solo hay un poco más de un millón de ciudadanos pensionados y el 80 por ciento lo logró solo con uno o dos salarios mínimos.
Las leyes que abrían la puerta a estas mesadas fueron hechas por los mismos beneficiados, quienes, no contentos con gozar de un régimen especial, que permitía obtener la pensión con 20 años de servicio y a una edad de 50 años (hoy hay que cotizar mínimo 1.300 semanas, equivalentes a 27 años de trabajo, o hasta 1.600 semanas, intentando que la mesada no quede tan pobre), echaron mano de una vieja legislación que permitía hacer equivalencias: por publicación de un libro le ‘perdonaban’ dos años de cotización.
Fue gracias a esos cambios que, a lo largo de los 16 años que se mantuvo en el cargo, Ramírez consiguió lo que parecía impensable: tumbar 500 megapensiones y que se pasara de 800 a unas 300 en el país.
Gracias a su gestión se logró que megapensiones mal reconocidas, pensiones reconocidas vía tutela e incluso algunos casos de ex congresistas que se pensionaron validando años de servicio por libros escritos, se cayeran.
Varios congresistas ‘afectados’ han intentado impugnar la medida. Recientemente, por ejemplo, ocho excongresistas recibieron un ‘no’ rotundo por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante sus pretensiones para recuperar sus “megapensiones”.
Luego de varios meses de estudio de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal consideró que no existió ningún tipo de vulneración a los derechos de los exsenadores y exrepresentantes a la Cámara que se quejaron contra la decisión del Fondo de Prevención Social del Congreso (Fonprecon), que reajustó el monto de sus respectivas pensiones.
Los congresistas en este caso fueron Nubia Rosa Brand Herrera, Fernando García Vargas, Rodrigo Garavito Hernández, Gustavo José Silva Gómez, Emerito Francisco Montes Fernández, Jesús María Suárez Letrado, María Isabel Mejía Marulanda y Orlando Enroque Vásquez Velásquez.