El Ministerio de Salud respondió al llamado que le había hecho la Procuraduría de girar los recursos que están pendientes de los presupuestos máximos a las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud (EPS).
En una carta firmada por el ministro de Salud encargado, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, la cartera aseguró que no hay evidencia de que haya insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que, por tanto, no se comprometerán por ahora a una fecha para definir el incremento de esta.
La misiva llega después de que la Procuraduría alertara sobre la necesidad de enviarles esa plata a las EPS para garantizar que tengan recursos para funcionar y atender a los pacientes.
La Procuraduría le había enviado una carta al Ministerio en la que le ponía sobre aviso en relación con que las EPS han reiterado el alto riesgo en el que se encuentra el aseguramiento en salud, detallando que la insuficiencia de la UPC está relacionada con el aumento de ese gasto en salud.
“Son varios los estudios y análisis técnicos que las aseguradoras han dispuesto dirigidos a sustentar que los recursos asignados para el aseguramiento no son suficientes para garantizar la cobertura del Plan de Beneficios en Salud” de los afiliados, según había detallado el ente de control en esa misiva.
Es más, en el documento habían llamado la atención sobre un “aumento exponencial en la curva de riesgo financiero”, aviso al que la cartera terminó haciendo caso omiso con la respuesta que le presentó a la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda.
MinSalud niega carencia de recursos para las EPS
Textualmente, la respuesta del Ministerio de Salud es: “Dichas aseveraciones carecen de sustento técnico, financiero y jurídico que demuestren el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud colombiano y, mucho menos, que esta cartera ministerial esté afectando y destruyendo el sistema, lo cual no solo es falaz e irresponsable, sino que también genera un prejuzgamiento en asuntos posteriores disciplinarios”.
El Ministerio de Salud puso en duda la alerta emitida por la Procuraduría, asegurando que esta solo tuvo en cuenta las cifras presentadas por Acemi, la asociación que agrupa a las empresas aseguradoras de salud en Colombia, y no citó los datos que han publicado las entidades del Estado sobre el asunto.
“Tan errático resulta lo mencionado por la Procuraduría General de la Nación que va en contravía del informe técnico realizado por la Contraloría General de la República”, escribió el despacho que dirige Guillermo Alfonso Jaramillo.
El reporte en cuestión sostiene que la Adres sí ha estado haciendo los giros a la EPS y estas, a las IPS cuando se trata de los presupuestos máximos, por lo que ese despacho sostuvo que “no hay riesgo de iliquidez en el sistema”.
En esa misma carta dirigida a la Procuraduría, el Ministerio de Salud sacó los dientes contras las EPS, acusándolas de que los “comportamientos y actividades de algunas de estas han causado detrimento en la buena prestación del servicio público de salud y, por ende, en el goce y disfrute del derecho fundamental a la salud”.
Desde el pasado 21 de diciembre, la Procuraduría le había pedido al ministro de Salud efectuar el giro de los recursos de los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), para que estas tuvieran recursos para su funcionamiento.
En esa misma solicitud le reclamaron dar a conocer la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, a la fecha, no se han llevado a cabo y la carencia de esas transacciones estaría poniendo en riesgo la salud de millones de colombianos.