La Procuraduría le dio un ultimátum al Ministerio del Trabajo para que en un plazo máximo de cinco días hábiles resuelva los reparos de los sindicatos de esa cartera que convocaron a votar el llamado a huelga este martes 21 de mayo.
En un oficio presentado por la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda Visbal, a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, esta le dio un plazo de cinco días hábiles para “adelantar las gestiones pertinentes tendientes a dar cumplimiento a lo pactado con las organizaciones sindicales”.
Esa misiva fue presentada el jueves 16 de mayo, por lo que el despacho de Ramírez tiene hasta este miércoles para responder a las quejas de los 1.500 funcionarios sindicalizados, quienes representan una población importante de los 2.300 funcionarios de esa entidad.
Esas agremiaciones señalan al Ministerio de no cumplir los acuerdos sindicales pactados en 2023, pactos en los que se habían incluido otros puntos incumplidos por esa dependencia en negociaciones que datan del año 2013.
Estas personas reclaman que se les dé una bonificación especial equivalente al 50 % de la asignación salarial de cada servidor que debía haberse pagado en marzo de 2024 y que se seguiría otorgando en ese mismo mes de cada año.
Asimismo, sostienen que el Gobierno, como empleador, debía entregarles kits escolares en enero para los funcionarios que tienen hijos en edad escolar y que están matriculados en primaria o segundaria.
Es más, la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene estipulado abrir a concurso 1.300 vacantes y los sindicatos sostienen que ese concurso no está alineado con el rediseño de la planta institucional de la cartera. Ese reclamo está conectado con otra de las quejas.
Con esos puntos sobre la mesa, la Procuraduría le solicitó al Ministerio del Trabajo “adelantar las gestiones pertinentes, tendientes a dar cumplimiento a lo pactado con las organizaciones sindicales, en especial a crear y generar un espacio de negociación, diálogo social y concertación para solucionar las diferencias con las organizaciones sindicales conforme lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política, mucho más cuando se trata de la entidad que por ley tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los acuerdos convencionales y propender por las armoniosas relaciones laborales con sus organizaciones sindicales”.
Pero esa no es la única carta sobre la fisura del Ministerio de Trabajo con los sindicatos que ha llegado al despacho que dirige Gloria Inés Ramírez. En días pasados el director general del Presupuesto Público Nacional, Jairo Alonso Bautista, le envió una misiva a la secretaria general de ese despacho, Carla Estefanía Poveda Gutiérrez, dejando claro cuáles son las responsabilidades de cada dependencia del Gobierno sobre la promesa de una mejora en los beneficios para los funcionarios, compromiso que se traduce necesariamente en más requerimientos presupuestales para el despacho.
En los acuerdos del Ministerio de Trabajo con los sindicatos se acordó mejorar las condiciones salariales de los funcionarios y el Ministerio de Hacienda le dijo al Ministerio del Trabajo que “no podría concluirse que el Ministerio del Trabajo tenga facultades legales para negociar prestaciones sociales para sus funcionarios, puesto que estas son exclusivas a nivel nacional entre los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos y del Gobierno nacional”. Incluso, a la cartera le dijeron que “es responsabilidad del Ministerio del Trabajo (…) propender por una ejecución presupuestal dirigida al uso responsable de los recursos públicos asignados por el Congreso”.
El problema es que los funcionarios están esperando una bonificación para la que el Ministerio no tiene recursos. Es más, si bien ese compromiso fue suscrito en 2023, apenas el 14 de marzo de 2024 la cartera que dirige Gloria Inés Ramírez le envió a la oficina de Hacienda un proyecto de ley dirigido a tener más recursos para cumplir los acuerdos sindicales.
Con esos puntos sobre la mesa, este martes los sindicatos del Ministerio del Trabajo votan un llamado a huelga que podría paralizar los servicios de esa cartera en todos los departamentos del país.