La propuesta del gobierno de Gustavo Petro de cambiar la regla fiscal ya es blanco de críticas multipartidistas. Al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación les cuestionan la idea de que los gastos en reforestación y transición energética no figuren en la contabilidad del Estado porque, aseguran, aplicar nuevos parámetros en ese tema llevaría a duras implicaciones económicas para el país.
Desde la Alianza Verde, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U y otras fuerzas políticas, ya salieron a cuestionar severamente el planteamiento de la administración Petro ante el temor de que el cambio en la regla fiscal desencadene una crisis económica en el país.
El senador Miguel Uribe alertó: “Modificar la regla fiscal llevará el país hacia un default. Es decir, al impago de la deuda. El país será incapaz de cumplir con sus obligaciones para financiar su presupuesto y pagar los préstamos”.
El congresista del Centro Democrático asegura que esa decisión implicaría un aumento del costo del endeudamiento, aumento de las primas de riesgo, devaluación del peso y hasta la posible rebaja de calificación crediticia del país.
El senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, aseveró que “además de grave es una propuesta arriesgada: es ampliar el gasto, el déficit y la deuda pública y pone a la economía del país en una situación muy delicada porque eso puede generar que se aumenten los costos en financiamiento y las tasas de cambio. Es una propuesta insostenible que pone en riesgo todo el sistema financiero”.
¿El cambio de regla fiscal llevará a una nueva reforma tributaria? Lo que dice Lemos es que “para financiar ellos le están poniendo una especie de adorno, de inversión sostenible y verde. Pero cuando usted aumenta el gasto por esa vía va a endeudarse más para poder pagar esos costos adicionales en los que se incurran, que serán deuda pública. ¿De dónde va a salir esa plata? Tendría que hacerse otra reforma tributaria”.
Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, sentenció que ese planteamiento “es un disparate” y dijo que con esa propuesta “estamos en riesgo de recesión y el Gobierno pretende, con el cambio de la regla fiscal, que paguemos más impuestos, mayores tasas de interés y que los precios sigan subiendo. No hay derecho”.
Desde la Alianza Verde, la representante Katherine Miranda detalló que “es grave que se esté pensando en relajar la regla cuando ni siquiera el Presupuesto General de la Nación del 2024 tiene los recursos para ser financiado”.
Miranda, quien pertenece a un partido que ha sido cercano al Gobierno, le dijo al Departamento Nacional de Planeación que ”los gastos son gastos, así tengan la mejor intención y la deuda que producen es costosa”.
Piden que el Congreso no apruebe la regla fiscal
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Christian Garcés, pidió que el Congreso de la República no le apruebe al Gobierno de Petro la propuesta del cambio de la regla fiscal y sustentó esa postura en tres motivos.
“Primero, porque es incongruente el Gobierno cuando sale a nivel internacional a hablar de cambiar la deuda que tiene el país por inversión ambiental. Al cambiar la regla fiscal lo que va a hacer es encarecer la deuda porque automáticamente pagaremos más intereses por la desconfianza que genera esta medida”, afirmó.
Segundo, dijo Garcés, “la regla fiscal es lo que les permite a los inversionistas, a quienes nos prestan dinero, a quienes generan inversión, tener la tranquilidad de que cualquier gobierno va a manejar adecuadamente el endeudamiento y va a cumplir con sus obligaciones”.
Finalmente, el congresista llamó la atención sobre que “es la tranquilidad de los colombianos de que hay un gobierno, cualquiera que sea, que tiene topes para el buen manejo financiero, cumplir con la inversión social que necesita el país y no venir a sobreendeudar a Colombia en niveles que generen una crisis financiera y mayor pobreza en nuestro país”.
¿Qué es la regla fiscal?
La regla fiscal es una herramienta de política económica utilizada por la mayoría de los Gobiernos, con el objetivo de mantener un control prudente sobre las finanzas públicas y evitar desequilibrios fiscales excesivos.
En Colombia, se estableció mediante la Ley 819 de 2003 y se ha modificado en varias ocasiones para adaptarse a las circunstancias económicas cambiantes del país, está diseñada para garantizar la estabilidad económica y fiscal a largo plazo y establecer límites o reglas en relación con el gasto público y el endeudamiento del Gobierno.