En plena celebración del Día de la Madre, el pasado 14 de mayo, en Bogotá, Erika Aponte, de 26 años, fue asesinada con arma de fuego a manos de su expareja, Christian Camilo Rincón Díaz, quien luego de cometer el feminicidio, se suicidó.

Según estadísticas de la Fiscalía, solo durante 2022 se presentaron 566 casos de feminicidio, lo que indica que, en promedio, ocurren dos cada tres días. Es decir, en promedio, cada 16 horas una mujer es asesinada en Colombia por razones de género.

En el caso de Érika, de acuerdo con informes de la Veeduría Distrital, ella se comunicó el pasado 11 de mayo con la Secretaría Distrital de Integración Social para dar testimonio de lo que se encontraba viviendo: “padeció por muchos años maltrato y violencia intrafamiliar”.

La respuesta de las autoridades del Distrito fue otorgarle varias medidas de protección: solicitarle a su pareja que cesara los actos de violencia e intimidación en su contra, exigir que cesaran los actos de intimidación contra el hijo de cuatro años que tenía y expedir una orden de alejamiento contra Christian Camilo Rodríguez para que no se pudiera acercar a la vivienda a la que Érika se había tenido que ir para protegerse.

Sin embargo, tal como se evidenció el pasado domingo, los temores se hicieron realidad: apenas tres días después de haber puesto la denuncia, Érika Aponte fue asesinada en manos de su pareja. Un nuevo caso de feminicidio en Colombia, otro más de los 181 que se han cometido en lo corrido de este año.

El caso de Érika no es más que una muestra de la desprotección en la que viven miles de mujeres agredidas en Colombia, ante un sistema que reacciona con lentitud y un aparato legal que muy poco les responde.

Prueba de ello es que, según un reporte del Inpec entregado a SEMANA, cerca de la mitad de los detenidos (sindicados y condenados) por violencia intrafamiliar, que generalmente es un paso previo al feminicidio, se encuentra en detención domiciliaria o, peor aún, con brazalete electrónico, un dispositivo con el que se le permite al detenido moverse por un rango determinado bajo vigilancia de las autoridades.

De acuerdo con el reporte, al 31 de enero de este año había 2.773 detenidos por violencia intrafamiliar en las cárceles y 2.654 en domiciliaria o con vigilancia electrónica. Es decir, el 49 % de los detenidos por este delito están en la casa.

En casos de violencia intrafamiliar, el Código de Procedimiento Penal establece que “la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos que permitan inferir que podría atentar contra ella, su familia y sus bienes, en los casos de violencia intrafamiliar por ejemplo, si el agresor convivía con la víctima al momento de cometer el delito y se le concede la casa por cárcel, esta estaría nuevamente en alto grado de vulnerabilidad”.

Para evitar esto, según le dijo un fiscal a este diario, se debe garantizar que el detenido vaya a un lugar de residencia distinto al de la víctima, sin embargo, “eso no siempre se puede comprobar”.

De hecho, según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), adscrito al Ministerio de Salud, el 57 % de las víctimas de violencia de género conviven con el agresor.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la violencia intrafamiliar está incluida entre los delitos que no tienen subrogados penales, de decir aquellos en los que, según el artículo 68A del código penal, no tienen beneficio de detención domiciliaria.

De acuerdo con este artículo, a este tipo de delitos no se les concede “la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley”.

Leyes poco disuasivas

Ante el alarmante número de feminicidios que se presentaban en Colombia, el Congreso de la República aprobó en 2015 la llamada Ley Rosa Elvira Cely, una norma que convierte el feminicidio en delito autónomo, es decir que se puede investigar por sí solo, y elevó las penas hasta los 50 años.

Sin embargo, tal como lo pudo evidenciar SEMANA a partir de los reportes de la Fiscalía, esta norma ha resultado muy poco disuasiva, pues desde 2015 a la fecha los feminicidios en lugar de disminuir han aumentado.

Según el reporte de la Fiscalía, mientras en 2015 se abrieron 117 noticias criminales por feminicidio, en 2022 se presentaron 566 casos. Si se analiza el comportamiento año tras año, los datos son contundentes: la incidencia de este delito ha aumentado, se quintuplicaron los feminicidios.

Está claro que, detrás de cada violencia, incluso la que no da señas de lesión, hay una práctica de dominación que se hace más fuerte si se cohabita con el agresor. A las mujeres se les pide que denuncien, pero para muchas de ellas, denunciar, ante la poca reacción de las autoridades, es una sentencia de muerte.