El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le salió al paso a varias críticas que se han generado alrededor del proyecto de ley que propone una reforma a la política criminal en el país y plantea varios ajustes a los centros penitenciarios del país. El funcionario se refirió al artículo que abriría la puerta para que condenados por delitos de lesa humanidad tengan algunos beneficios.
Según dijo Osuna, sobre ese punto en específico, el beneficio no sería desde el inicio de la pena, sino cuando ya se haya pagado el 60 % de la condena. “La legislación vigente, hoy en día, contiene el beneficio, cuando se ha pagado el 60 % de libertad condicional, lo que proponemos es endurecerlo por prisión domiciliaria”, afirmó Osuna.
El ministro dijo que actualmente está contemplada la libertad en estos casos, por lo que se busca es que ahora haya prisión domiciliaria para estos delincuentes. “Los compromisos internacionales de Colombia quedan perfectamente cubiertos porque no hay ningún compromiso de que la prisión no sea resocializadora, sino solamente inhabilitante”, aseguró el ministro de Justicia.
Osuna aseguró que está dispuesto a discutir sobre su propuesta, pero que debe hacerse sobre los hechos que contempla la reforma. “Bienvenido el debate, pero ojalá sobre bases ciertas de lo que contiene el proyecto y no sobre conjeturas, ideas un tanto exageradas alrededor del mismo”, dijo.
La reforma de política criminal y penitenciaria que presentó Osuna al Congreso ha generado distintos reparos por parte de diversos sectores. Precisamente, uno de los puntos que más ha ocasionado dudas es que los delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad tengan el beneficio de la casa por cárcel.
Desde la Procuraduría se evidenciaron inconformidades con ese artículo de la propuesta. El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento mostró reparos. “Nos preocupa, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra y esto puede llegar a reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”, aseguró Sarmiento.
El funcionario del Ministerio Público señaló que esto podría vulnerar los derechos de los niños, la lucha contra la corrupción, crímenes internacionales, entre otros. La Procuraduría presentó 10 reparos en específico contra la propuesta del Gobierno.
Otro de los que expresó su inconformidad fue el fiscal general Francisco Barbosa quien calificó ese punto en específico como “repúgnate”. “Es absolutamente repugnante que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo un Netflix o series. Tiene que haber alguna sanción, si no cuál es el mensaje que se le está enviando a este país”, aseguró el fiscal general.
Precisamente, Barbosa había pedido que el ministro Osuna explicara el porqué de esta propuesta con la que no está de acuerdo. “Sí a mí me llegan a decir en el Congreso que un delito de lesa humanidad amerita eso, yo quiero verle la cara al funcionario público que lo va a sustentar. Las cosas se hacen bien o no se hacen, a la fuerza no funciona en un país. Afortunadamente, este país tiene muchos límites desde el punto de vista institucional”, dijo Barbosa.
En ese sentido, alertó que si llega a ser aprobada por el Congreso no pasaría una revisión de la Corte Constitucional. “Yo no me imagino en el Congreso votando una disposición de ese calado, siempre ha habido ese tipo de propuestas en la historia constitucional de Colombia, lo que llamamos micos”, señaló.
La reforma a la política criminal del Gobierno ha generado fuertes cuestionamientos. Más allá de la pena para los delitos de lesa humanidad, hay otras alertas por varios delitos que elimina del Código Penal como el incesto y contempla que en sentencias por injuria y calumnia no haya penas privativas de la libertad.